El portavoz de IU en la Asamblea regional de Murcia, José Antonio Pujante, ha dicho hoy que los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para 2011 son "irreales" y ponen de manifiesto la "falta de previsión" del Ejecutivo murciano, al que ha tachado de "competir" con la administración central "por ver quién recorta más".

Pujante, que se ha expresado así en el debate del proyecto de ley de los presupuestos del próximo ejercicio, ha indicado que éstos siguen una línea de reducción "sistemática" del gasto público que afectará al funcionamiento de los servicios básicos que recibe la ciudadanía, entre los que ha citado la sanidad, la educación y la política social. En relación a la proposición de Ley que el PP va a presentar para aplicar otro recorte en el gasto, Pujante ha asegurado que se trata de una muestra de la "irresponsabilidad y mala gestión" de la Administración regional por no aplicar desde un principio una restructuración del Ejecutivo que contemplase la eliminación de asesores y altos cargos, así como una política fiscal progresiva.

El parlamentario de IU, que ha lamentado que los grupos de la oposición sepan de este recorte por los medios de comunicación, ha abogado por un televisión autonómica "plural y democrática" que garantice un empleo estable y de calidad, lo que, en su opinión, "con menos presupuesto es posible".

Además, ha señalado que el Gobierno murciano "ha abusado" de la contratación de asistencias técnicas "convirtiéndolo en un coladero de personas afectas al poder, con lo que se han vulnerados los principios de mérito, igualdad y capacidad para el acceso a la función pública".

Pujante ha criticado la previsión de ingresos de la consejería de Economía y Hacienda para 2011, "nada creíbles", y la reducción "generalizada" de las partidas destinadas a los departamentos del Ejecutivo, especialmente en los de educación, sanidad y política social.

Ha señalado que las 328 enmiendas que IU ha presentado a los presupuestos ponen de manifiesto que "existe una alternativa más allá de los recortes" que pasa por una reforma fiscal que grave en mayor medida a las rentas altas y disminuya los impuestos a aquellos que ganan menos.

También ha defendido la recuperación del impuesto de Patrimonio, que grava a las grandes fortunas, cuya eliminación supone una pérdida de ingresos de 2.120 millones de euros al Estado, y del tributo de Sucesiones y Donaciones, así como la creación de impuestos a las entidades bancarias y grandes superficies comerciales.