El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha criticado la decisión del Gobierno Regional de incrementar el recibo del agua a los ciudadanos de la Región en más de un 8%  a partir de 2011 y la creación de cinco nuevas tasas que habrá que pagar como derechos de convocatoria y realización de pruebas en las enseñanzas de idiomas, deportivas y artísticas de régimen especial, por la realización de convocatorias y pruebas enseñanzas de FP y de Educación de Adultos. Todas las medidas fueron ratificadas ayer en la Asamblea Regional, al aprobarse la Ley de Modificación de Tributos Propios, que acompaña a la de Presupuestos.

Según Sánchez, “el Gobierno Regional está acudiendo de una forma desmesurada a la subida impuestos no progresivos que, por tanto, todos los ciudadanos deben pagar sin tener en cuenta su nivel de renta. Es la forma más fácil de subir impuestos, pero también la más injusta. Al “céntimo sanitario” sumamos ahora este nuevo incremento impositivo en  un gasto básico de todas las familias, como es el consumo de agua, y con un porcentaje muy superior al IPC. La subida no se basa en incrementos de coste justificados, ya que las obras de la red de depuración, que era el aspecto que justificaba el establecimiento del canon, han concluido prácticamente”.

Sánchez explicó que la postura de UPyD, en el momento actual de crisis, pasa, en primer lugar, por reducir gastos en las Administraciones para asegurar su viabilidad, y sólo en última instancia subir los impuestos. “Si no queda otra opción que subirlos”, continuó, “desde luego se debe acudir a impuestos progresivos, y los que está subiendo el Gobierno regional son absolutamente indiscriminados y no tienen en cuenta el nivel de renta de los ciudadanos”.

Sánchez también criticó el hecho de que el Gobierno regional “use un doble lenguaje con su política de impuestos, ya que, por un lado publicita la bajada de un cuarto de punto en el tramo autonómico del IRPF, que sí es un impuesto progresivo, mientras que, de forma más “silenciosa” sube estos otros impuestos de forma general, algunos de ellos relacionados con Educación. Éstos últimos  cargan contra los estudiantes de escuelas oficiales de idiomas, que realizan matrículas, pruebas y cursos de especialización o contra los de Educación de Adultos que realizan pruebas para alumnos de más de 18 y 20 años y que quieren sacarse la ESO, Bachiller o FP”, concluyó Sánchez.