El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, inauguró hoy un seminario técnico para divulgar entre las empresas y profesionales de la Región las posibilidades que ofrece el Sistema Electrónico de Negociación de Derechos de Emisión de Dióxido de Carbono (SendeCO2). Este seminario se enmarca en la iniciativa 'Economía baja en carbono', que viene desarrollando la Consejería desde 2009, con el objetivo de generar conocimientos y estrategias para realizar con éxito la transición hacia un sistema productivo de bajas emisiones de carbono.
Cerdá señaló que, desde el 1 de enero de 2005, "las instalaciones industriales más importantes han tenido que restringir sus emisiones de CO2, como consecuencia de la puesta en marcha del mercado de derechos de emisión establecido a raíz del Protocolo de Kyoto". La participación en este nuevo mercado, que obliga a 25 instalaciones en la Región, 1.100 en España y 12.000 en toda Europa, "exige combinar conocimientos con habilidades técnicas y financieras", añadió el consejero.
El consejero destacó que "las empresas ecoeficientes se pueden beneficiar del mercado de CO2, al tener excedentes que pueden vender y convertir en liquidez en una época en la que abundan las restricciones de crédito y las dificultades financieras. La ventaja competitiva que se desprende se puede multiplicar si se tiene un conocimiento adecuado de este mercado".
Cerdá explicó que la Comunidad concede a las instalaciones industriales la autorización para emitir gases de efecto invernadero. El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, por su parte, concede los derechos de emisión, que pasan a la cuenta que cada empresa tiene abierta en el Registro Nacional de Derechos de Emisión (Renade). Cada derecho de emisión autoriza a emitir una tonelada de CO2.
Las instalaciones se someten cada año a la verificación de sus emisiones de CO2 y a continuación deben entregar en el citado Registro tantos derechos como emisiones reales verificadas han tenido. Este último paso marca la pauta de funcionamiento anual del mercado, propiciando que las instalaciones diseñen planes de compraventa de derechos, ya que, por cada tonelada emitida por la que no se entreguen derechos de emisión hay que abonar una sanción de 100 euros.
Así, aquellas instalaciones con emisiones por encima de los derechos asignados pueden 'comprar' su déficit, al tiempo que las instalaciones menos emisoras pueden 'vender' su superávit y obtener liquidez por su menor emisión relativa. Junto a la oferta y la demanda aparecen también los movimientos especulativos basados en el precio. En este sentido, algunas instalaciones pueden vender una parte de la asignación para recomprarla cuando el precio descienda, o bien operar a través de diferentes productos relacionados con los mercados energéticos y financieros.
La compraventa de derechos de emisión se realiza a través de los mercados electrónicos organizados o bolsas. En España existe una de estas bolsas, SendeCO2, fundada en Barcelona en septiembre de 2004 para proporcionar a las empresas un sistema 'on-line' (http://www.sendeco2.com) para negociar al contado Derechos de Emisión. La Comunidad tiene establecido con SendeCO2 un convenio para asesorar gratuitamente a empresas y profesionales sobre la mejor forma de intervenir en este mercado.
El consejero destacó que "los volúmenes de dinero implicados hacen de esta obligación ambiental un aspecto importante para determinadas empresas".
Prueba de ello es que en 2008 el Ministerio asignó gratuitamente al conjunto de empresas de la Región 4.823.310 derechos de emisión y en realidad se emitieron 7.530.821 toneladas de CO2, por lo que las empresas debieron comprar en el mercado 2.721.885 derechos de emisión, que a un precio medio en 2008 de 16 euros, supuso un total de 43.550.160 euros.
En 2009 se hizo notar la crisis económica en la producción de energía, cemento, cerámica y refino de petróleo, entre otros, y aunque los derechos asignados fueron del mismo orden (4.810.883), las emisiones fueron inferiores (5.451.119), por lo que el déficit fue de 640.236, que al precio medio de la tonelada para 2009 de 13 euros, supuso un déficit de 8.323.068 euros.
Además de la importancia económica de este mercado hay que tener en cuenta, según Cerdá, que "las condiciones se endurecerán aún más para las empresas, como consecuencia de los compromisos de reducción de emisiones adquiridos por Europa".
Al respecto, apuntó que "en el paquete legislativo 'Energía y cambio climático', la Unión Europea se compromete a reducir sus emisiones totales de gases de efecto invernadero al menos en un 20 por ciento respecto a los niveles de 1990".
Empresas afectadas
Entre las empresas obligadas por el comercio de derechos de emisión figuran algunas de las más importantes del tejido industrial de la Región: AES Energía Cartagena, Gas Natural, El Pozo Alimentación, Repsol Petróleo, Iberdrola Generación, Energyworks Cartagena, Enagás, Ecocarburantes Españoles, Holcim España, Estrella de Levante, SABIC Innovative Plastics de España, Cerámicas del Sureste, La Ladrillera Murciana, Bunge Ibérica, Linasa Cogeneración y Asociados, Prieto Papel, Moyresa Girasol, Alcurnia Alimentación, Fudepor, Cofrusa Cogeneración, Aprofusa, Planta de Tratamiento de Purines Hinojar I, Tratamientos Ambientales Sierra de la Tercia y Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca.
Este último se encuentra afectado por la citada legislación como consecuencia del volumen de sus calderas de gas natural para agua caliente sanitaria, aunque sus emisiones apenas alcanzan las 5.000 toneladas de CO2, mientras que instalaciones como una de las tres centrales térmicas situadas en Escombreras emiten una media de 1.500.000 toneladas al año.