Región

UPyD pide a las autoridades locales y regionales la provisión de todos los medios para luchar contra la violencia de género

Solicita la puesta en marcha del acuerdo entre el Ministerio del Interior y la Federación de Municipios que permite a los ayuntamientos crear en las Policías  Locales  Secciones Judiciales que intervengan  en casos de violencia de género

También manifiesta su desacuerdo con la  “asimetría penal” de la Ley de Violencia de Género

El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha mostrado su preocupación por los datos que confirman a la Región de Murcia como la segunda Comunidad Autónoma con un mayor número de denuncias por violencia de género. Sánchez ha citado los datos del Consejo del Poder Judicial del segundo trimestre, en los que la Región presenta la segunda tasa (por cada 10.000 mujeres) de denuncias más alta de todo el territorio nacional con un 20,1%, tras Baleares. La tasa media a nivel nacional es del 14,8%.

Sánchez ha pedido a las autoridades regionales, y de forma particular a los Ayuntamientos, toda la implicación posible para luchar contra esta lacra social. En ese sentido ha recordado que los gobiernos municipales pueden crear, según el acuerdo que firmaron en 2008 el Ministerio del Interior  y la Federación Española de Municipios y Provincias ( FEMP), Secciones Judiciales que intervengan en los casos de violencia de género, tal y como ha hecho recientemente el Ayuntamiento de Cartagena.

 “UPyD rechaza esta lacra intolerable que es la violencia machista,”, ha recordado Sánchez  “aunque este hecho no impide nuestra oposición a la “asimetría penal” que supone que, ante los mismos hechos delictivos, las penas sean mayores si el autor es un hombre, al presumirse que la violencia de los hombres sobre sus parejas se ejerce en todo caso como “manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres”. , según establece el artículo 1  de la  Ley de Violencia de Género”.

Recientemente, UPyD reclamó la supresión de todas las modificaciones que introdujo en el 2004 la denominada Ley de Violencia de Género en el Código Penal, y propusimos incluir una agravante de actuar por motivos machistas, para que no se aplicase la agravación de la pena de forma automática, presumiendo el móvil machista por el hecho de que el autor sea un hombre, sino únicamente cuando se acredite que concurre este elemento subjetivo. Este planteamiento es el que aplica con las agresiones a personas de otras etnias, que se sancionan con pena mayor sólo cuando se acredita el móvil racista. Dichas enmiendas fueron  rechazadas por la Ponencia y en el Pleno del Congreso por todos los Grupos en el debate del Proyecto de Ley de reforma del Código Penal de reciente aprobación.

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