La noticia sobre el recorte presupuestario de un 6'39% en el presupuesto de la Consejería de Educación, Formación y Empleo para el año 2011 solo puede producir preocupación en la sociedad murciana.

Difícilmente se puede hablar de presupuestos sociales o de incremento de la calidad de las enseñanzas ante unos datos que producirán sin duda un daño a las estructuras y programas educativos.

Recortar en educación es regresivo, antisocial y contrario a la opinión generalizada de fomentar la formación como medio eficaz de integrarse en el mercado productivo para los más jóvenes y reubicar a los trabajadores desempleados.

El recorte acordado pone en peligro el cumplimiento del II Pacto social por la Educación en lo relativo a la mejora de la atención a la diversidad (que requiere inversión decisiva en profesionales y recursos especializados), el cumplimiento del plan de construcciones escolares (que puede estancar el ritmo ya lento) y la potenciación de la Formación Profesional. Cuestiona, además, indudablemente el sistema de ayuda familiar para la adquisición de libros, que pasa del Bono libro para todos a un descenso de 10 m. de €.

Este recorte es presagio de recorte de plantilla y retroceso en los derechos laborales de los docentes murcianos. Si al mismo tiempo el señor consejero de Educación anuncia rebaja presupuestaria e incremento de las prestaciones solo nos queda pensar que la actual plantilla docente va a cargar con el peso del recorte en forma de pérdida de derechos y pérdida de puestos de trabajo, inevitablemente dentro del colectivo interino. Peligra también el actual equilibrio entre la red pública y la concertada, por la tentación de entregar a la iniciativa privada la creación de centros de enseñanza.