En lo que va de año se han ejecutado 1.975 medidas vinculadas a programas de intervención en medio abierto, lo que permite a los jóvenes realizar actividades en su entorno habitual
El perfil del menor en conflicto con la ley en la Región es el de un chico con edad comprendida entre los 16 y 18 años y un nivel socioeconómico bajo-medio
La directora general de Prevención de la Violencia de Género y Reforma Juvenil, Teresa Moreno, aseguró hoy que la Comundiad Autónoma está haciendo un “importante esfuerzo para prevenir la delincuencia juvenil en la Región desarrollando programas destinados a la reeducación y la inserción social de los menores en conflicto con la ley”.
La mayor parte de las sentencias judiciales dictadas en 2010 a menores en conflicto con la ley en la Región de Murcia están vinculadas a programas de intervención en medio abierto, lo que permite a los menores desarrollar actividades en su entorno habitual, según datos publicados por la Consejería de Justicia y Seguridad Ciudadana, con motivo de la celebración del Día Internacional de los Derechos de los Niños y Niñas.
En lo que va de año se han ejecutado 1.975 medidas en medio abierto frente a las 334 en medio cerrado, lo que significa que la mayoría de los menores con medidas judiciales participa en programas de libertad vigilada, prestación de servicios en beneficio de la comunidad, convivencia con otra persona, familia o grupo educativo, tareas socioeducativas, tratamiento ambulatorio, centro de día o permanencia de fin de semana en su domicilio.
El 90 por ciento de los menores con medidas judiciales en la Región de Murcia son chicos, frente a un diez por ciento de chicas. La mayoría tiene entre 16 y 18 años y un nivel socioeconómico bajo-medio. El 88 por ciento sólo sabe leer y escribir o tiene estudios básicos y presentan un alto nivel de absentismo y fracaso escolar. La mitad de los menores manifiesta consumir sustancias tóxicas.
En la actualidad, la Comunidad Autónoma dispone de cinco equipos para la ejecución de medidas judiciales en menores, y otros cinco para desarrollar las medidas no privativas de libertad, en los municipios de Murcia, Cartagena, Lorca, Jumilla y Caravaca.