UPyD de la Región de Murcia cree que ha llegado el momento de proponer y aplicar medidas concretas y eficaces que dificulten la aparición y extensión de la corrupción en cualquier área de las políticas públicas, especialmente en las de urbanismo y contratación pública. Para la formación magenta, el principio rector de estas nuevas medidas no puede ser otro que el aumento de la transparencia en los ámbitos de toma de decisiones en estas áreas.  

En palabras de su coordinador regional, Rafael Sánchez, “cuanto más transparente sea el proceso de toma de decisiones, más actores podrán intervenir en el mismo y más difícil será que un grupo de privilegiados pueda monopolizar tales decisiones en su propio interés.” Para Sánchez, “es necesario establecer mecanismos de control preventivos que, a priori, hagan muy difícil o casi imposible que se vuelvan a repetir más casos de corrupción como el que presuntamente se ha desarrollado durante años en el área de urbanismo del Ayuntamiento de Murcia”.

Entre las medidas que se deberían implantar, UPyD propone la obligación de publicar todos los documentos urbanísticos en las páginas web respectivas, de forma accesible y manejable por el ciudadano o la creación de un Consejo Ciudadano de Ordenación del Territorio y Urbanismo, abierto a la participación de agentes sociales con un papel activo en las diversas fases de la política de planeamiento, incluyendo tanto el nivel municipal como el supramunicipal.”

Asimismo, UPyD considera que la creación de un organismo independiente autonómico dotado de medios materiales y humanos, como una Agencia de Disciplina Urbanística, supondría un elemento importante de control. Ésta supliría a los Ayuntamientos en el control de la legalidad urbanística, y estaría coordinada por una Agencia Estatal de Disciplina Urbanística.

En el ámbito de los cambios en la legislación, Sánchez comentó que ”UPyD aboga por  una Ley  Autonómica de Acceso a la Información Pública, de modo que ésta garantice que todo ciudadano, sin necesidad de tener un interés directo en el asunto, pueda acceder a toda la documentación que obre en manos de las administraciones  autonómicas y municipales”.