La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F), sindicato más representativo en el conjunto de todas las administraciones públicas, no respaldará la huelga convocada para el 29 de septiembre. En primer lugar, porque, en palabras de sus dirigentes, no puede volver a pedir a los empleados públicos “un nuevo esfuerzo”. Ya lo hizo el mismo día en que el presidente del Gobierno anunció el incumplimiento del acuerdo del 25 de septiembre de 2009 y del Pacto de Toledo, con el consiguiente recorte de salarios de los empleados públicos y un empeoramiento objetivo y cuantificado de sus condiciones de trabajo, así como con la congelación de las pensiones. Entonces, “ante una situación de recorte de derechos sin precedentes en la España democrática, CSI·F convocó una huelga en la Función Pública”, añaden.

En segundo lugar, la convocatoria de huelga del día 29 de septiembre se produce “con dos años de retraso”. No se quiso dar una respuesta contundente en 2008 cuando se generalizaron los ERE en toda España, que afectaron a cientos de miles de trabajadores. Ahora, aseguran desde CSI·F que “los daños producidos por la errática política económica del Gobierno resultan, en algunos casos, irreparables”.

Tampoco aprueban desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios que la convocatoria se realice haciéndola coincidir con las movilizaciones –que no huelgas– de los sindicatos europeos, “desvirtuando la realidad y la problemática de la situación española, a la vez que difuminando la protesta y el malestar contra el Gobierno de España”. Por otra parte, son “confusos” los mensajes de los sindicatos convocantes. “No sabemos si es una huelga contra el Gobierno, o contra su política económica, o contra la reforma laboral o contra la oposición o contra los empresarios, y se olvidan de los principales problemas que afectan a nuestro país, como el del paro y la deuda pública”.

En definitiva, “aunque no nos guste la reforma laboral aprobada, por tardía, parcial e insuficiente, no podemos apoyar una huelga que contiene un gran componente político, que está convocada fuera de tiempo, que les significa un nuevo esfuerzo y quebranto económico a los trabajadores y que no tiene posibilidad de resolver los problemas actuales”, afirman desde el sindicato.