Con este real decreto se reconoce y se da un apoyo solidario a las personas afectadas por la talidomida entre 1960 y 1965

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega, y de la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, el Real Decreto por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas económicas a las personas afectadas por la talidomida en España, durante el período 1960-1965.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 dispone la concesión de una ayuda por una sola vez a quienes durante el período 1960-1965 sufrieron malformaciones corporales durante el proceso de gestación como consecuencia de la ingestión de talidomida por la madre gestante. Para las personas nacidas en el extranjero, la madre gestante debe haber residido en España en cualquier período comprendido entre 1960-1965.

Mediante la concesión de estas ayudas económicas, que serán gestionadas por el IMSERSO, se da respuesta a la necesidad de reconocimiento y apoyo solidario a las personas afectadas por la sustancia activa talidomida entre los años señalados, según las diferentes situaciones personales que concurren en cada una de ellas. En particular, el real decreto determina el alcance, las condiciones y el procedimiento para su reconocimiento y abono.

IMPORTE DE LAS AYUDAS

El importe de las ayudas que podrán percibir los afectados oscila entre un mínimo de 30.000 euros y un máximo de 100.000. La cantidad correspondiente a cada caso se establece de conformidad con el grado de la discapacidad acreditada:

Un único pago de 30.000 euros a los afectados con un grado de discapacidad del 33 hasta el 44%.

Un único pago de 60.000 euros a los afectados con un grado de discapacidad del 45 hasta el 64%.

Un único pago de 80.000 euros a los afectados con un grado de discapacidad del 65 hasta el 74%.

Un único pago de 100.000 euros a los afectados con un grado de discapacidad del 75% o superior.

Mediante la aprobación de este real decreto, España sigue la línea fijada por la mayoría de países de nuestro entorno, donde se han establecido esquemas solidarios de ayuda a las personas afectadas.