El texto contempla entre otras medidas la necesidad de reinstaurar el principio de preferencia comunitaria y establecer unas reglas de buenas prácticas comerciales que den una mayor transparencia al sistema

El Gobierno regional ha remitido a la Unión Europea un documento consensuado con las organizaciones agrarias, cooperativas, y productores y exportadores murcianos que recoge las prioridades y demandas del sector agrario de la Región de Murcia ante la reforma de la Política Agraria Común a partir de 2013.

El texto se ha elaborado en base a los problemas y retos a los que se enfrenta la actividad agraria, como el aumento de los costes de producción; la volatilidad de los mercados, que afecta a los precios, la oferta y la renta de los agricultores, y los riesgos de salubridad y seguridad alimentaria.

El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, aseguró que el futuro texto comunitario “debe dar a los agricultores y ganaderos mayor protagonismo y ha de seguir considerando la agricultura como actividad estratégica”, y añadió que “es preciso establecer unas reglas de buenas prácticas comerciales que den una mayor transparencia al sistema”.

El informe, elaborado por la Consejería de Agricultura y Agua, incluye las observaciones que los representantes de las tres organizaciones agrarias, Coag, Asaja y Upa; la Federación de Cooperativas Agrarias, Fecoam, y las asociaciones de productores y exportadores, Apoexpa y Proexport, han aportado al documento.

La Región de Murcia demanda en este texto una PAC segura desde el punto de vista económico y alimentario, sencilla “para simplificar los trámites que debe hacer el agricultor”, sostenible “porque la agricultura ha convivido siempre en armonía con la naturaleza”, y social “para favorecer un adecuado relevo generacional dentro del sector, mediante la mejora tanto de su rentabilidad económica como de su valoración social”, explicó el responsable de Agricultura del Gobierno regional.

El texto remitido a Europa reclama reinstaurar de forma efectiva el principio de preferencia comunitaria, que, según dijo Cerdá, “se ha visto enormemente devaluado” en los últimos años debido a la entrada de productos de países terceros que no cumplen las normas sanitarias, medioambientales y sociales que se exigen a los productores europeos.

El posicionamiento de la Región contempla además que la futura PAC tenga en cuenta la “reciprocidad” en las condiciones de entrada de productos de otros países no comunitarios y exige la instauración de controles “más rígidos” en frontera para evitar la introducción de plagas y enfermedades.

En este documento se recoge también la necesidad de implantar “medidas reales y globales” que tengan un “efecto eficaz” en la prevención de las crisis de mercado, que fijen mecanismos de regulación entre los productores agrarios y las grandes cadenas de distribución para dotar de transparencia al sistema y evitar transacciones a precios inferiores a los de producción.