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Valcárcel y Camps sellan su rechazo a caducidades y reservas que afecten al trasvase Tajo-Segura

Los gobiernos de Murcia y Valencia resaltan, tras la reunión con regantes y representantes del sector agrario, que "seguimos en la misma nave, con el mismo rumbo y lo mantendremos hasta las últimas consecuencias"

Afirman que un estatuto no es la ley en la que regular "conceptos fundamentales y básicos" que delimitan la Constitución y responsabilizan a Rodríguez Zapatero de trasladar el debate de la política hidráulica a las autonomías

Critican que en plena crisis económica se cuestione el Tajo-Segura y subrayan que el Gobierno de España debería en estos momentos plantear trasvases porque la agricultura "es motor de empleo y riqueza"

Aseguran que cuando Zapatero anuló por decreto el trasvase del Ebro "rompió una apuesta colectiva" e inició un "tránsito de incertidumbres" en el discurso del agua

Los gobiernos de Murcia y Valencia sellaron hoy su rechazo a caducidades y reservas que afecten al trasvase Tajo-Segura, en un encuentro que los presidentes de ambas comunidades, Ramón Luis Valcárcel y Francisco Camps, mantuvieron en el Palacio de San Esteban de Murcia con agricultores, regantes, cooperativas, productores y exportadores.

El presidente Valcárcel remarcó que “seguimos todos en la misma nave, con el mismo rumbo y estamos dispuestos a mantenerlo hasta las últimas consecuencias”, y subrayó que “nuestros compromiso no puede ser otro que la defensa a ultranza de los intereses de murcianos y valencianos”.

Ambos mandatarios responsabilizaron al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de “no asumir sus competencias” y trasladar el debate de la política hidráulica a las autonomías. Remarcaron que el trasvase Tajo-Segura “da riqueza, empleo y genera expectativas de prosperidad y futuro a una de las agriculturas menos subvencionadas”, que según dijo Valcárcel, “estaría condenada a la desaparición sin esos recursos”.

Los presidentes de Murcia y Valencia denunciaron que “no hay datos objetivos que cuestionen ni la viabilidad ni la productividad del acueducto”, que garantiza “la solidaridad, la cohesión territorial, económica y social de España”, subrayó Valcárcel.

Rechazaron que competencias del Estado, “perfectamente delimitadas en la Constitución”, estén reguladas por textos “de estricto carácter autonómico”, porque, según manifestaron, un estatuto no es la ley en la que regular “conceptos fundamentales y básicos” para garantizar la riqueza y el crecimiento de España.

El presidente de la Generalitat Valenciana explicó que “desde el primer minuto fuimos conscientes de que esta historia que comenzaba mal, iba a terminar mal”, y recordó que tras la derogación del trasvase del Ebro, hace ya seis años, “comenzó un debate absurdo y un largo tránsito de incertidumbres que rompió una apuesta colectiva en el discurso capital del agua”.

Apuesta por los trasvases en momentos de crisis

Valcárcel y Camps criticaron que “en un momento de pulso y de falta de confianza” por la crisis económica se cuestione el trasvase Tajo-Segura, y afirmaron que el Gobierno central “debería estar haciendo precisamente lo contrario”.

Indicaron que en estos momentos el Ejecutivo central “tendría que estar planteando más trasvases para la agricultura de Murcia y de Valencia, que son de las menos subvencionadas de España y motor de empleo y riqueza”.

“No vamos en contra de nadie, no queremos nada que a nadie le pertenezca”, aseguró el presidente murciano, quien añadió que “lo que queremos es el agua que necesitamos para hacer más rica y más grande a España” y que, además, “es un derecho adquirido e irrenunciable”, aseveró Valcárcel.

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