La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui, exigió hoy en rueda de prensa explicaciones y aclaraciones al Gobierno regional sobre todo lo que está aconteciendo con el asunto de la Formula I y si hay un nuevo convenio.
García Retegui preguntó qué ha ocurrido con el convenio firmado entre dos consejeros, el INFO, el Parque tecnológico de Fuente Álamo y el ayuntamiento de este municipio, con una empresa para la instalación de una planta industrial y un circuito en los alrededores del citado Parque Tecnológico, cuyo compromiso económico era para la esponsorización, para permitir la compra de suelo por parte de la empresa en ese Parque Tecnológico y avalar el proyecto industrial que anunciaba con 200 puestos de trabajo. “Ahora nos encontramos con que el actual empresario, Carabante exige al Gobierno regional la construcción del circuito con dinero público, cuando este compromiso le correspondía cumplirlo a la empresa en el citado convenio. La Comunidad Autónoma no tenía que hacer disposición económica sino avalar un proyecto industrial viable”.
Proyecto industrial
La diputada socialista recordó que desde que se firmó el convenio se ha conocido que no había proyecto industrial viable y que había dificultades. Posteriormente, se han construido los dos vehículos, han venido a la Región de Murcia y han exhibido las pegatinas de ‘No Typical’, tal y como estipulaba el convenio. Pero “la parte más importante del convenio, la relativa al proyecto industrial, al parecer está en riesgo, y ha habido modificaciones al convenio inicial de las que el Gobierno regional no ha dado cuentas”.
García Retegui mostró su preocupación por la situación que se está dando y se preguntó quién lidera y quién manda en esta Región, “pues parece que son los empresarios los que disponen del dinero público a su antojo y el Gobierno regional lo reparte entre las empresas que se lo exigen a su antojo con componendas de esta naturaleza”.
Añadió que en Cartagena existe un circuito de velocidad que no recibe dinero público porque es un negocio privado aunque esté en el ámbito deportivo y al parecer es rentable. “Nosotros entendemos que para un proyecto industrial con 200 trabajadores hay que hacer un esfuerzo desde la Comunidad, pero no se puede permitir que se cambien los convenios o que se utilicen según convenga al empresario que haya firmado”.
Otras empresas
La diputada considera que si se modifica el convenio tienen que explicarlo a los ciudadanos, porque se puede dar la situación de que se cierren empresas regionales, que se han puesto en funcionamiento “a riesgo y ventura de los empresarios, prestando un servicio a la Comunidad a la vez que manteniendo muchos puestos de trabajo y se ven obligadas a cerrar sin que el Gobierno regional haga hecho nada para impedirlo”.
Por todo ello solicitó explicaciones sobre si se ha firmado otro convenio, en qué condiciones, cuánto nos va a costar a los murcianos y qué contraprestaciones acarreará a la Región. “Es necesario que podamos todos valorar ese convenio y si no exigimos al Gobierno regional que aclare la situación y no dé la imagen de que a este gobierno se le puede chantajear porque estamos hablando de demasiado dinero público. Y si no hay viabilidad del proyecto industrial no puede haber dinero”.