La cantidad de agua que pretenden asignarse supera ampliamente la capacidad que poseen los pantanos de Buendía y Entrepeñas, por lo que esta organización profesional agraria critica la actitud del PSOE y lamenta la abstención del PP, al tiempo que coincide con la opción de UPyD de rechazar esta iniciativa por considerarla inadecuada.

Para ASAJA Murcia la reunión mantenido hoy entre el presidente de Castilla La Mancha, José María Barreda, y el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, en Toledo confirma la cesión del Gobierno central ante las pretensiones del Gobierno de Castilla La Mancha de controlar el agua del Tajo. En este sentido, “una vez más nos encontrarnos con un Ejecutivo que no gobierna y que cede competencias exclusivas a favor de una comunidad autónoma por intereses electorales”, según afirma el titular de esta organización profesional agraria, Alfonso Gálvez Caravaca.

La reserva de 4.000 hectómetros cúbicos recogida en el preámbulo del texto aprobado en el día de hoy en la ponencia sobre la reforma del Estatuto de Castilla La Mancha supone el punto y final para los regadíos dependientes del Trasvase Tajo-Segura en el sureste español.

Si finalmente el pleno del Congreso de los Diputados aprueba esta reforma en dichos términos, ASAJA Murcia adelanta que habrá “una respuesta clara y contundente por parte de los agricultores murcianos”, que consideran que a través de “una ley injusta” como es el Estatuto de Castilla La Mancha –en cuanto a la regulación en materia de agua referida al Tajo-Segura- no puede suponer “la ruina de miles de familias de Murcia, Almería y Alicante”.

Para el secretario general de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, “estamos asistiendo a una desarticulación de las competencias estatales”, a la misma vez que considera que “los partidos políticos con representación parlamentaria están debilitando el sistema constitucional de reparto de competencias y contribuyendo a deslegitimar las normas emanadas de las Cortes y su propia función como legisladores en el marco constitucional”.