El Consejo de Gobierno ha acordado la firma de un convenio entre la Comunidad Autónoma y la Administración General del Estado para establecer un marco de estudio e intercambio de información para la reducción de cargas administrativas, simplificación documental y mejora de la reglamentación en la Administración Pública.

El objetivo es reducir al menos en un 30 por ciento las cargas administrativas y simplificar los procedimientos antes del 31 de diciembre de 2012, según el compromiso adquirido por el Estado español con la Unión Europea.

A través de este acuerdo se fomentará la interoperatividad administrativa, la reducción de cargas administrativas, la identificación de procedimientos y servicios interrelacionados entre administraciones, así como el diseño, la simplificación y automatización de los procedimientos, en especial los dirigidos a la creación de empresas.

También se trabajará en la coordinación de sistemas de información administrativa que permitan disponer a ambas administraciones de la misma información, con el objetivo de atender las demandas ciudadanas cualquiera que sea la administración competente. Igualmente, se fomentará la formación de empleados públicos involucrados en la creación de normas y en el diseño de procedimientos.

La Comunidad Autónoma alcanzará el 50 por ciento en 2012

La Comunidad Autónoma aprobó el año pasado un plan de simplificación administrativa por el que se adoptan medidas de racionalización administrativa y acciones para la calidad y modernización de la administración regional, entre las que destacan la cooperación interadministrativa, a fin de optimizar las actuaciones y los servicios que se prestan a los ciudadanos.

Con este plan, acordado con los agentes sociales de la Región, el Gobierno murciano pretende ir más allá de la demanda de la UE y reducir en 2012 en un 50 por ciento la tramitación burocrática ante la Administración, tanto para ciudadanos como para empresas.

El plan de simplificación incluye, además, un Decreto por el que se suprime en todos los procesos la presentación de determinada documentación, que la propia Administración puede obtener por sus medios, como fotocopias de DNI, certificados de renta, minusvalía o laborales, entre otros.

Del mismo modo, se regula la ‘Declaración Responsable’, que sustituirá la presentación de un importante volumen de documentación y que faculta a la Administración para realizar las comprobaciones necesarias para verificar los datos declarados.