Juan Martínez Moya, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJRM), y Javier Parra García, secretario de Gobierno de ésta institución, han asumido un destacado papel en el proceso de transformación de la organización de la Administración de Justicia que culminará el próximo 5 de mayo y que se ha iniciado de forma piloto en la ciudad de Murcia.
Ambos han sido integrados en la recién creada Comisión Jurídica Asesora para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial, de ámbito estatal, de la que forman parte además otros tres Magistrados designados por el Consejo General del Poder Judicial y tres Secretarios Judiciales nombrados por el Ministerio de Justicia, y que cuenta con el apoyo de técnicos de ambas instituciones.
En concreto, forman parte de esta Comisión Jurídica Asesora de ámbito estatal Juan Martínez Moya, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia; Ana Ferrer, Presidenta Audiencia Provincial de Madrid; María José Feliu, Magistrada Decana de Barcelona; Blanca Subiñas, Magistrada Decana de Burgos; María Antonia Amigó, Secretaria Gobierno Cataluña; Javier Parra, Secretario Gobierno Murcia; José Luis Gómez, Secretario Coordinador Burgos; María José Gandásegui, Secretaria en la Audiencia Nacional.
Además, Murcia es una de las ocho ciudades del territorio gestionado por el Ministerio de Justicia en las que se va a proceder a la implantación de la Nueva Oficinal Judicial, junto con Burgos, Cáceres, Ceuta, Ciudad Real, Logroño, Melilla, Palma de Mallorca. Por lo que igualmente ésta contará con un Grupo Jurídicos de Implantación, de carácter territorial, integrado por el Juez Decano de la ciudad, Miguel Pasqual del Riquelme, la Secretaria Coordinadora Provincial, Nieves Sánchez Ruiz, además de magistrados y secretarios.
Esta Comisión tiene como objeto principal el establecimiento de recomendaciones de coordinación entre Jueces y Secretarios Judiciales para el adecuado desarrollo un nuevo sistema de ordenación y distribución de los recursos y de desempeño de la actividad judicial, con el fin de alcanzar un servicio público de calidad.