La diputada regional Teresa Rosique ha solicitado la comparecencia del consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, José Ballesta, en la Asamblea Regional para que explique “el incumplimiento del primer año del Plan de Vivienda 2009-2012”.
Rosique denunció que una vez más se repite la historia. “El Gobierno de Valcárcel viene incumpliendo todos los planes de Vivienda, privando con dichos incumplimientos a miles de ciudadanos de poder acceder a una VPO”.
El Plan de Vivienda 2009-2012 contempla 32.000 actuaciones en esta materia a desarrollar en esos cuatro años. Rosique denunció que el programa de actuaciones para 2009 ha sido incumplido por el Gobierno regional ya que sólo ejecutó el 31 por ciento de las actuaciones previstas para el primer año, según datos del Ministerio a 31 de diciembre.
El PSOE considera que esta Región no puede seguir perdiendo recursos públicos ni actuaciones en materia de Vivienda por la incapacidad del Gobierno regional de cumplir los objetivos contemplados en este documento.
“Nos parece algo muy grave, máxime en una situación de crisis económica como la que vivimos, donde las actuaciones en Vivienda además de dar respuesta a una necesidad social son una auténtica fuente de generación de empleo y actividad económica”.
Recordó que el Gobierno regional, en el último Plan de Vivienda 2005-2008, cumplió sólo el 61 por ciento de las actuaciones previstas. Esos incumplimientos del Gobierno de Valcárcel supusieron la pérdida de ayudas estatales para las familias murcianas por más de 60 millones de euros.
A estos nuevos incumplimientos hay que añadir el hecho de que el Gobierno regional anunció a los ciudadanos a ‘bombo y platillo’ un Plan Regional de Vivienda, complementario al estatal, cifrado en 140 millones de euros, de los que solamente se han presupuestado para 2010, 2.6 millones de euros. “Esta ridícula cantidad contrasta con los 355 millones de euros que el Gobierno de España ha garantizado a la Comunidad Autónoma para el período 2009-2012”.
El PSOE reclama al Gobierno de Valcárcel que no siga privando por su incapacidad e irresponsabilidad, a miles de ciudadanos de este derecho y a decenas de empresarios de las ayudas estatales en materia de Vivienda.