El Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado la comparecencia de la consejera de Sanidad, Mª Ángeles Palacios, en el Parlamento regional para que “explique, clarifique y asuma las responsabilidades políticas a que hubiera lugar respecto a la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción del TSJ por la construcción de supuestas obras ilegales en un paraje de su propiedad, calificado como suelo agrícola y que, al parecer, no tendría licencia para su edificación”.

El diputado socialista indicó que ante los hechos conocidos, “se hace necesario que la propia consejera, propietaria en gananciales de dichos terrenos y edificaciones” dé cuenta públicamente y en sede parlamentaria sobre la situación que se ha generado con dicha investigación judicial y el requerimiento por parte de la Guardia Civil del expediente urbanístico de dichas obras.

Añadió que sin poner en cuestión la presunción de inocencia de la consejera, ni hacer valoración sobre el grado de infracción urbanística que se haya podido cometer o la posibilidad de legalizar dicha infracción, “es imprescindible que aclare este hecho ya que las informaciones publicadas están generando una importante alarma social que favorece y aumenta el descrédito de instituciones políticas representativas de todos los murcianos como es el propio Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma y más directamente la Consejería de Sanidad”.

Carpena agregó que debe ser, en todo caso, el presidente Valcárcel el que intervenga de inmediato para ordenar que se aclare este “affaire” ya que afecta a una persona de su confianza política y responsable de una de las áreas más importantes del Gobierno de la Región.

El diputado manifestó que por asuntos de menor entidad que estos hechos, el Partido Popular ha solicitado la dimisión de responsables políticos de otros partidos, “mientras aquí y ahora guarda el más ominoso de los silencios”.

Por último señaló que con todos los problemas y déficits que tiene la Sanidad pública en nuestra Región “sólo faltaba este escándalo para terminar de erosionar la confianza de los usuarios, de los proveedores y de los profesionales sanitarios en los responsables políticos y en los gestores del Servicio Murciano de Salud”.