Inmaculada López/Rocío Antoñanzas

Madrid, 28 dic (EFE).- Las elecciones autonómicas y la esperada sentencia del Tribunal Constitucional harán que Cataluña asuma el protagonismo de la información en 2010, un año en el que echará a andar el nuevo sistema de financiación autonómica que debe ayudar a las autonomías a superar la crisis económica.

Tras más de tres años de espera, 2010 puede ser el año en el que se haga pública la decisión del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad del Estatut, una cuestión que ha crispado la vida política desde que se anunciara la inminencia de la sentencia.

El ser o no ser de Cataluña como nación -un concepto que recoge el preámbulo del Estatut- ha provocado que algunos partidos y plataformas ciudadanas hayan celebrado consultas en más de cien pueblos en las que, pese a que han contado con una participación que no ha superado el 30 por ciento, se han pronunciado a favor de la independencia. Continuarán en 2010.

La cita más importante con las urnas que tienen los catalanes serán las elecciones autonómicas del próximo otoño, en las que el tripartito -PSC, ERC e IU-ICV- intentará revalidar el Gobierno frente a CiU, que se ve con posibilidades de recuperar la Generalitat.

Las comunidades se prepararán durante los próximos doce meses para las elecciones autonómicas y locales de 2011. De hecho, en muchas de ellas los partidos tendrán que decidir quién es el candidato y conseguir que se aproxime y sea conocido y respaldado por los ciudadanos.

La decisión del TC puede servir además para que el PSOE y el PP desbloqueen la renovación del Alto Tribunal, paralizada en el Senado, lo que motiva que varios de sus miembros no hayan sido renovados pese a que su mandato terminara hace más de dos años.

Otras comunidades están pendientes también de lo que pase con el Tribunal Constitucional, dada la similitud de algunos artículos de sus estatutos de autonomía con el catalán, como Andalucía, la Comunidad Valenciana o Baleares.

El Congreso de los Diputados deberá ocuparse de otras reformas estatutarias. Es el caso de Castilla-La Mancha -cuyo texto está estancado en la Comisión Constitucional a la espera de un acuerdo entre el PSOE y el PP por el trasvase Tajo-Segura- y del Estatuto de Extremadura, una vez aprobada su toma en consideración.

Las comunidades empezarán a aplicar el nuevo modelo de financiación autonómica que no fue apoyado por el PP, que lo considera un "traje a la medida" de Cataluña, y CiU, que entiende que no cumple el Estatut.

El modelo debe ayudar a las comunidades a salir de la crisis, así como los diferentes acuerdos y pactos sociales suscritos entre once gobiernos regionales, sindicatos y empresarios.

Los ayuntamientos reivindicarán además una mejora de su financiación con un modelo propio que será negociado a lo largo del año, y una nueva ley de régimen local que defina cuáles son sus competencias frente a las comunidades -las llamadas "competencias impropias"-, con su debida financiación.

Tanto los ayuntamientos como las comunidades autónomas estarán también pendientes de los procesos de fusión de las cajas de ahorro para mantener sus cuotas de poder.

No sólo la política hará volver las miradas a Cataluña. Los toros, una de las señas de identidad de la cultura española durante siglos, pueden desaparecer de la región, si prospera la ley que pretende erradicar las corridas, surgida de una iniciativa popular admitida a trámite en el Parlament.

Cataluña se convertiría así en la segunda comunidad autónoma española en prohibir las corridas, puesto que Canarias ya lo hizo en 1991. EFE