Murcia, 16 dic (EFE).- Murcia, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Logroño, Palma de Mallorca, Ceuta y Melilla iniciaron hoy un programa piloto para modernizar la justicia que ha tenido su escenificación en la ciudad con la constitución del Grupo Institucional de Implantación de la Nueva Oficina Judicial (NOJ).

El citado grupo estuvo encabezado por el delegado del Gobierno, Rafael González Tovar; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del ministerio, Caridad Hernández; el presidente del TSJ murciano, Juan Martínez Moya; el secretario de gobierno del TSJ, Javier Parra, y los vocales del CGPJ para Murcia, Fernando de Rosa y Miguel Carmona.

La NOJ sustituye al actual modelo de organización decimonónica de juzgados y tribunales fragmentada en un conjunto heterogéneo de microestructuras formadas por un juez, un secretario judicial y un determinado número de funcionarios que funcionan de modo independiente, lo que, según fuentes judiciales, "provoca una absoluta falta de racionalidad en la gestión de recursos humanos".

El juez o magistrado se centrará en la actividad jurisdiccional para que se concentre única y exclusivamente en las funciones que le atribuye la Constitución y las leyes de "juzgar y ejecutar lo juzgado".

Además el secretario judicial en la procedimental, y el ministerio de Justicia en la administrativa para que la oficina judicial funcione con criterios de "agilidad, eficacia, eficiencia y racionalización del trabajo", según el artículo 435.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se trata de delimitar funciones que hasta ahora estaban indefinidas.

El 5 de mayo de 2010 tendrá lugar en España el nuevo reparto competencial de funciones dentro de los juzgados bajo recomendación del Consejo de Europa, lo que en Murcia afectará a 139 jueces y magistrados y a todos los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma.

Previamente Murcia y otras siete ciudades pondrán en marcha de modo experimental lo que se denomina "NOJ 2", lo que afecta a las jurisdicciones de lo contencioso-administrativo, social y penal de Murcia, y a la primera instancia e instrucción de Molina, municipio éste perteneciente a un partido judicial distinto al de Murcia. En concreto, 39 jueces y magistrados tendrán un equipo común de señalamientos y de ordenación del procedimiento.

El servicio común de Ejecución en toda la Comunidad Autónoma de Murcia supone por ejemplo que las subastas electrónicas que venían desarrollándose en Murcia capital se amplíen a toda la Región, y recibirá las sentencias y demás actos a los que la ley reconoce carácter ejecutivo para asegurar su cumplimiento.

Martínez Moya ha anunciado además que Murcia ha pedido al ministerio de Justicia ir mas allá y crear una "NOJ 3" que "destierre los compartimentos estancos en lo penal" con una oficina integrada.

El presidente del TSJ afirmó que el concepto de modernización no es un concepto hueco y vacío, sino que es un proceso obligado en el que se redefinirán los métodos de trabajo para lograr mayor calidad y eficacia.

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del ministerio, Caridad Hernández, recordó que en 3 años se incrementa el 19 por ciento de la planta judicial española, que en 2010 se crearán 200 unidades judiciales más con 150 juzgados y 50 jueces de adscripción territorial para atender la sobrecarga de trabajo o la ausencia del titular por tiempo superior a tres meses. Así mismo se crearán cien plazas de fiscales y 800 de secretario judicial.

Hernández se ha reunido hoy en la Ciudad de la Justicia de Murcia con jueces, magistrados, secretarios judiciales, y representantes de la junta de personal, de los sindicatos del sistema judicial murciano, de los abogados, procuradores, graduados sociales, registradores y notarios, a quienes explicó esta proyecto.

Una comisión nacional técnica hará un seguimiento de este proceso de modernización que estará integrada por Martínez Moya, el presidente de la audiencia provincial de Madrid, y los decanos de Valencia y Burgos, a los que se sumarán secretarios de gobierno de TSJ como el murciano Javier Parra.

La modernización tiene previsto también llegar a un punto en el que no se empleará papel en la Justicia y en el que los expedientes tendrán solo formato digital, y así existe un sistema de gestión procesal bajo la denominación "Minerva" que intenta implantar de modo generalizado las nuevas tecnologías y herramientas informáticas adecuadas, o el sistema "Lexnet" del ministerio para la presentación de escritos y documentos, el traslado de copias y la realización de actos de comunicación.

El vocal del CGPJ para Murcia, el valenciano Fernando de la Rosa, manifestó que se ha tardado 31 años en dar el salto tecnológico que otras administraciones han efectuado en su momento, al tiempo que aseguró que a pesar de las dificultades que habrá, está convencido que el ciudadano tendrá una justicia del siglo XXI que se merece.

Legalmente esta reforma cuenta con la ley orgánica 1/2009, y por la ley 13/2009 de 3 de noviembre de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial, que entra en vigor a los seis meses y cuyo objetivo ha sido agilizar la justicia modificando 16 leyes procesales y 900 artículos, entre ellas, atribuir a los secretarios judiciales la admisión de demandas, la terminación de los procesos, la conciliación y la ejecución. EFE