La diputada socialista, Teresa Rosique, indicó que “el Gobierno regional ante el fracaso con la gestión del nuevo aeropuerto, ha optado por atajos que bordean la legalidad”.
Para Rosique, el Gobierno regional ha demostrado con este tema una gran falta de respeto a la Asamblea Regional. “El Ejecutivo de Valcárcel no ha presentado la propuesta de concesión de un aval de 200 millones de euros para el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia dentro de la Ley de Presupuestos para 2010, sino que ha utilizado al Grupo Parlamentario Popular para ello, consciente de que la misma no hubiese pasado los controles jurídicos”. Además, añadió, ha anunciado públicamente la concesión del aval antes incluso de que la Asamblea Regional haya aprobado dicha enmienda, “dejando clara la instrumentalización que el Ejecutivo autónomo hace de esta institución y de su Grupo Parlamentario”.
Rosique afirmó que los términos que el PP ha utilizado para avalar con 200 millones de euros a la empresa no cumplen la Ley de Hacienda regional y no garantizan la puesta en marcha de esta infraestructura.
Rebaja de las obligaciones
La parlamentaria subrayó que el Grupo Parlamentario Popular con su enmienda, sólo garantiza la construcción del Aeropuerto, rebajando de esa manera las obligaciones contraídas en el contrato del 31 de julio de 2007, firmado entre la Comunidad Autónoma y la empresa concesionaria. En dicho contrato se fijan las obligaciones de la empresa ganadora del concurso que son:
Construir, financiar, poner en marcha y gestionar el aeropuerto, renunciando expresamente a cualquier ayuda económica de la Comunidad Autónoma. Rosique indicó que el PP con su enmienda reduce ese compromiso y lo circunscribe exclusivamente a la construcción del aeropuerto.
“El Partido Popular ha aprobado conceder un aval de hasta 200 millones de euros sin justificar la necesidad de dicha cuantía. Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que los recursos públicos hay que utilizarlos con rigor y transparencia; requisitos que no cumple la enmienda del PP, que se aleja incluso de lo que la empresa había dicho que necesitaba para terminar las obras”.
Agregó que desde el Grupo Parlamentario Socialista se ha advertido al Grupo Parlamentario Popular del incumplimiento del artículo 81 de la Ley de Hacienda regional, al suprimir el beneficio de excusión; algo que sólo es posible cuando se trata de organismos públicos o entidades locales. Y este no es el caso, ya que el aval se concede para una empresa privada.
Por eso considera que “es una temeridad abordar la construcción y puesta en marcha de una infraestructura de interés regional como el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia con atajos que bordean la legalidad y que podrían poner en riesgo la consecución de ese objetivo”.
Forzando la ley
Para la diputada socialista, el Gobierno regional debería haber aprendido ya, que forzando la ley no se llega a ningún sitio. Lamentó que el Grupo Parlamentario Popular haya rechazado la propuesta de transacción, cuyos objetivos residían en garantizar además de la construcción, la puesta en funcionamiento y explotación del aeropuerto; asegurar el rigor y la transparencia en la utilización de los recursos públicos, que la cuantía del aval se circunscribiera a las necesidades reales que quedan pendientes de financiar, y priorizar, con un precio justo, el pago a los afectados por las expropiaciones.
Para el PSOE es fundamental que la empresa constructora cumpla y pague a las personas que han tenido que ser expropiadas para la construcción de dicho aeropuerto.
La diputada socialista no puede entender que se dé un aval sin tener la certeza de que la empresa cumpla sus compromisos con las personas que han sido expropiadas y que tenían terrenos agrícolas de indudable valor en esa zona y han perdido esas inversiones.
Además, “debemos asegurarnos de que en caso de que se tenga que ejecutar el aval, no seamos los murcianos y las Cuentas de la Comunidad Autónoma los que salgamos perdiendo”, apostilló.