Murcia, 26 nov (EFE).- El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la subida de tarifas del agua trasvasada para regadío aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros.
Así lo aprobó hoy la junta de gobierno de esta organización, cuyo presidente, José Manuel Claver, ha detallado en rueda de prensa que la subida desde los 9,96 céntimos de euro que pagan por metro cúbico de agua los regantes desde 2005 hasta los 17,35 aprobados el viernes es del 74% en la tarifa propiamente dicha y del 225% en el coste de la conducción de ese recurso por las instalaciones del postravase.
A ello se suma la reordenación del peso de los conceptos que componen la tarifa, con la que los gastos por el impulso eléctrico del agua pasan a ocupar un porcentaje del 82 por ciento del total, frente al 65 por ciento que suponían en la tarifa vigente, de 2005, o al 58 por ciento que representaban en la de 2004.
El resto de componentes de la tarifa son los gastos fijos para pagar el coste de las obras del acueducto Tajo-Segura, los salarios del personal de esas las confederaciones hidrográficas de esos dos ríos y el mantenimiento de las instalaciones.
Según Claver, los regantes afiliados al Scrats quieren pagar una tarifa que compense los gastos de traer el agua por el acueducto, pero no están de acuerdo con el porcentaje de subida del precio de la energía eléctrica que se usa para impulsar el agua hasta un embalse de regulación desde Bolarque, el pantano en el que confluyen los de cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, que, según sus cálculos, es del 120 por ciento, por lo que "debería ajustarse".
Asimismo, el Scrats ha aprobado hoy exigir al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino que apruebe el decreto ley al que se comprometió para eximir del pago de parte de la tarifa en 2009, como ocurrió en 2006, 2007 y 2008, y que supondría la devolución a los regantes de unos 12 millones de euros este año por ese concepto.
Esta compensación, derivada de los problemas generados por la sequía y por la situación de crisis económica que vive el sector agrícola, debería mantenerse también en 2010, ha exigido Claver, con un decreto ley que se apruebe a principios de año, para no dar lugar a que las comunidades de regantes tengan que endeudarse con créditos para poder pagar las tarifas con una cantidad que luego les es en parte devuelta, pues dar lugar a esta situación "no tiene sentido".
Tras pedir un mayor equilibrio en el coste de los conceptos que componen la tarifa, se declaró partidario de que el proyecto de ley de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha sea devuelto por el Congreso de los Diputados.
Ese texto "es anticonstitucional porque vulnera competencias del Estado en la regulación de caudales de agua, y no puede llegarse a dudosas o dobles interpretaciones en un asunto tan importante para la región de Murcia como es el acueducto Tajo-Segura", ha concluido. EFE