Murcia, 26 nov (EFE).- El titular del juzgado de Instrucción número tres de Murcia, Antonio Alcazar, ha ordenado la práctica de cinco registros y la detención de cinco personas en el marco de las diligencias que instruye por los presuntos delitos de prevaricación y cohecho en el caso Zerrichera, han informado hoy fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región.
Las mismas fuentes han indicado que cuatro de los registros se realizaron ayer en Madrid capital, dos en las localidades próximas de Pozuelo de Alarcón y Navalcarnero, y otros dos en la localidad alicantina de Orihuela.
Cuando los registros finalizaron, el juez ordenó la detención de cinco personas, cuyas identidades no han sido facilitadas, de las que cuatro se llevaron a cabo y la quinta, que según fuentes próximas a la investigación era la del empresario Trinitario Casanova, no se pudo practicar, por encontrarse éste en el extranjero.
Según el TSJ, de los cuatro detenidos, tres se encuentran ya en libertad, en tanto que la quinta orden de detención, la de Casanova, ha quedado sin efecto después de que su representante procesal compareciera en el juzgado aportando datos del paradero y su disposición a comparecer tan pronto regrese a España.
El caso fue abierto por el fiscal superior del TSJ, Manuel López Bernal, quien en 2007 presentó una querella por prevaricación contra el alcalde de Águilas, Juan Ramírez, del PP, y un ex edil de este ayuntamiento, cuatro altos cargos del Gobierno de Murcia y un funcionario.
El fiscal abrió las diligencias tras las denuncias presentadas por la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), Ecologistas en Acción y el PSOE por presuntos delitos contra el medio ambiente y prevaricación.
La Zerrichera es un proyecto urbanístico que inició el Grupo Hispania, propiedad del promotor Trinitario Casanova, ahora retirado del mismo, que incluía la construcción de 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf de 18 hoyos en una finca de 250 hectáreas de la sierra de la Almenara, en Águilas, parte de las cuales están protegidas medioambientalmente por la UE.
La finca consiguió la recalificación a suelo urbanizable por el ayuntamiento de Águilas en 2004, y, tras sucesivos trámites administrativos para construir en la zona, en 2006, el entonces consejero de Medio Ambiente, Benito Mercader, paralizó el expediente y ordenó elaborar un plan de gestión y conservación de la sierra de la Almenara y que no se efectuara ninguna actuación si no tenía garantías de legalidad.
En la instrucción de este caso fue detenido el pasado marzo el ex consejero murciano de Medio Ambiente Francisco Marqués, antecesor de Mercader, quien, entre otros cargos, fue delegado del Gobierno en Murcia en 2004, y consejero de Sanidad del Ejecutivo murciano.
Tras prestar declaración, Marqués, al que se le imputan los delitos de prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales, fue puesto en libertad con cargos y sin fianza. EFE