Desde la Ley del Suelo de 2007 hasta la reciente reforma del Código Penal, el Gobierno ha aprobado importantes medidas para prevenir los delitos urbanísticos

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha presentado hoy al Consejo de Ministros un informe en el que se recogen las medidas adoptadas por el Ministerio para fomentar la transparencia en la gestión urbanística y luchar contra la corrupción en ese ámbito.

Entre esas medidas destaca la puesta en marcha del Sistema de Información Urbana (SIU), una nueva herramienta digital desarrollada por el Ministerio de Vivienda, con el objetivo de incrementar la transparencia en materia de suelo y urbanismo.

El nuevo sistema, que ya está disponible de manera libre y gratuita en Internet (http://siu.vivienda.es), recibió en los tres primeros días de funcionamiento más de dos millones de peticiones de acceso al portal, lo que indica el gran interés que existe en la actualidad por poder acceder a este tipo de información de una manera ágil y transparente.

El SIU recoge información relativa al planeamiento urbanístico, la ocupación y usos del suelo, las clases de suelo y las áreas en desarrollo. Es decir, ayudará a conocer mejor cómo se están transformando nuestro territorio y nuestras ciudades y dónde hay suelo disponible, en qué cantidades y para qué usos. Incorpora además otros datos estadísticos y censales como superficie, población, densidad de población, número de viviendas o número de hogares.

El sistema dispone en la actualidad de información sobre la clasificación de suelo y las áreas en desarrollo de 369 municipios que concentran a 22,6 millones de habitantes, es decir al 50% de la población total de España. A lo largo de 2010 incluirá información de, aproximadamente, 2.000 municipios pequeños que no cuentan con figura de planeamiento o que únicamente tienen proyecto de delimitación de suelo o normas subsidiarias, y también la de otros 85 municipios con plan general, de manera que estén ya disponibles los datos de 48 de los 50 municipios más poblados.

El SIU se integra dentro del Portal de Suelo y Políticas Urbanas que gestiona el Ministerio de Vivienda, donde también pueden encontrarse otras herramientas de información, como el Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas, la Red Europea de Conocimiento Urbano o la Red de Iniciativas Urbanas puesta en marcha recientemente por los ministerios de Vivienda y de Economía y Hacienda como un foro abierto de intercambio de experiencias y buenas prácticas urbanas que hayan recibido financiación comunitaria.

En el capítulo de medidas en favor de una mayor transparencia, la ministra también ha destacado el Programa Urbanismo en Red, desarrollado por red.es en colaboración con el Ministerio de Vivienda, y cuyo principal objetivo es digitalizar la gestión de los planes urbanísticos municipales y publicarlos a través de Internet, contribuyendo de este modo a incrementar la información del SIU.

Medidas legales

El SIU no es una iniciativa aislada, sino que se une a todo un conjunto de medidas aprobadas por el Gobierno para fomentar la transparencia, el desarrollo urbano sostenible, la participación ciudadana y el control sobre el urbanismo, elementos todos ellos fundamentales para evitar y, en su caso, detectar y reaccionar contra el fraude y la corrupción urbanística. El compromiso del Gobierno para acabar con estas prácticas ha quedado reflejado nuevamente en la reforma del Código Penal, que va a permitir mejorar la tipificación de los delitos urbanísticos, endurecer las penas y ampliar las conductas punibles de autoridades y funcionarios públicos.

Pero ya desde 2007, la Ley de Suelo establece toda una serie de medidas para atajar el fraude y la corrupción como la obligación de identificar a los propietarios de los últimos cinco años de aquellas fincas que sean objeto de recalificación, en el caso de que ésta conlleve plusvalías, de manera que todos los ciudadanos puedan conocer a quiénes favorecen las decisiones que toman sus representantes.

Además, los Ayuntamientos deben publicar en la web los planes vigentes y el resto de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística en vigor, así como todos los actos relevantes de tramitación.

La ministra ha explicado asimismo que los convenios urbanísticos tienen que someterse a información pública antes de ser aprobados y cuando sean convenios de planeamiento deben aprobarse en el Pleno municipal y no simplemente en una comisión o por decisión del alcalde. Igualmente, se prohíbe que mediante convenio se pueda modificar la ordenación urbanística o imponer a los propietarios más cargas que las legales.

Por otro lado, la Ley de Suelo modificó la legislación de régimen local, de modo que los Concejales y los directivos municipales, aunque no sean electos, tienen que hacer declaraciones públicas de sus bienes y actividades privadas y, si tienen responsabilidades ejecutivas, tendrán prohibida la actividad privada en esa materia y término municipal durante los dos años posteriores al cese.