Reverte critica que el Gobierno central haya alcanzado acuerdos sobre empleo público con los sindicatos sin contar con el resto de administraciones

La consejera de Presidencia y Administraciones Públicas, María Pedro Reverte, expuso hoy los planes de Simplificación Administrativa y de Calidad y Modernización de la Administración que está desarrollando la Comunidad, durante la reunión de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, celebrada en Moncloa.

Para Reverte, estos planes “colocan a la Región de Murcia a la vanguardia de España” y su ejemplo puede ser aprovechado por el resto de administraciones autonómicas.

La Conferencia Sectorial abordó diversas cuestiones relacionadas con el acceso electrónico de los ciudadanos a la Administración y con la Carta de Compromisos con la Calidad de las Administraciones Públicas españolas, “muy avanzadas” en la Región, según Reverte, quien puso a disposición del resto de comunidades la experiencia murciana “que cuenta con el respaldo y participación de todos los agentes sociales”, recalcó.

La titular regional de Función Pública indicó que el pasado 17 de abril, el Consejo de Gobierno acordó una serie de medidas urgentes de racionalización administrativa, así como las acciones para la calidad y la modernización de la Administración Pública de la Región de Murcia, conforme a los criterios y compromisos de la Carta de Calidad que hoy se debate en Madrid.

Simplificación de más de un millar de trámites

“El objetivo que nos hemos marcado es muy ambicioso. En 2011 vamos a tener simplificados los más de 1.000 procedimientos administrativos vigentes, de los que más de un centenar se convertirán en trámites de respuesta inmediata”, explicó la consejera durante su intervención.

Remarcó que por el calado social y económico de estas medidas “hemos convocado a todas las mesas y grupos de trabajo a los agentes sociales”, ya que “este proceso implica, por un lado, la implantación de una nueva forma de relación entre administración y administrado, y, por otra, nuevos métodos, más fáciles, para las empresas, para evitar que la burocracia ralentice la economía”.

En cuanto al Plan de Calidad, María Pedro Reverte subrayó que se ha planteado con carácter integral para el conjunto de la Administración regional, e insistió en que “es fundamental plantear estándares de calidad comunes a todos los servicios, con criterios homogéneos de actuación”.

Reverte subrayó que “la clave” del éxito de estas medidas “pivota en el diálogo social”, por lo que invitó a todas las administraciones a que pacten las medidas y los métodos de trabajo con sindicatos y empresarios “para garantizar la implicación de todos los recursos, políticos, económicos y sociales, en el proyecto”.

Acuerdo sin las comunidades autónomas

La Conferencia Sectorial de Administración Pública abordó, además, el funcionamiento de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, que, en opinión de Reverte, “el Gobierno ha utilizado para buscar la foto y el golpe mediático, sin valorar que la negociación colectiva básica afecta al conjunto de las administraciones”.

La consejera exigió a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que “deje de negociar acuerdos con los sindicatos sin contar previamente con el resto de las administraciones, que gestionan el 80 por ciento de los empleos públicos”.

Reverte criticó las formas con las que Gobierno ha llegado al Acuerdo para la Función Pública 2010-2012, suscrito con los sindicatos el viernes 25 de septiembre, “sin consultar al resto de administraciones y sin facilitarnos ningún tipo de información previa, cuando somos, comunidades y ayuntamientos, quienes vamos a tener que soportar el mayor coste del pacto”, y le reprochó que la Mesa se convocara “cuando todo estaba ya cerrado y firmado”.

“La Administración Estatal gestiona poco más de 575.000 empleos públicos de los 2,6 millones de funcionarios que hay en España, y, sin embargo, el Gobierno pacta unilateralmente lo que afecta a todos”, denunció Reverte, quien exigió a Fernández de La Vega que establezca un procedimiento negociado que garantice la participación efectiva de las comunidades autónomas en la Mesa General de Negociación para evitar que vuelva a suceder lo mismo, “porque no aceptamos imposiciones disfrazadas de acuerdos”.