La diputada regional socialista Teresa Rosique se alegró de la “conversión” del consejero Ballesta, quien, “después de oponerse a las políticas de rehabilitación de viviendas diseñadas por el Ministerio, ahora no sólo las apoya sino que las vende como si fueran suyas”.

Rosique recordó que cuando el Gobierno de España aprobó el Plan de Vivienda 2009-2012 multiplicaba por diez las actuaciones para rehabilitación de viviendas, hasta una cifra de 17.470 . Esta apuesta del Ministerio por la rehabilitación es tal que el propio Plan se llama “de Vivienda y Rehabilitación”.

“Entonces, Ballesta se opuso públicamente, declarando que la Región de Murcia no necesitaba más actuaciones en esta materia, mientras que ahora se declara 'converso' y dice que su apuesta es por la rehabilitación de viviendas. Pero es intolerable que hable de esas 17.740 actuaciones para rehabilitación contempladas en el Plan Estatal como si hubiesen sido una idea del Gobierno regional”, añadió.

La diputada socialista afirmó que cuando Ballesta se opuso demostró un desconocimiento absoluto de la demanda de los ciudadanos de la Región en materia de rehabilitación de viviendas, una demanda que se puso de manifiesto cuando el Gobierno de España concedió en 2009 a la Comunicad Autónoma 3,7 millones de euros para rehabilitación, con una previsión de 1.000 actuaciones, y la demanda fue de 3.000 actuaciones.

“Ballesta no ha informado a los ciudadanos de que esos 3,7 millones de euros proceden del Ministerio de Vivienda”.

Compromisos incumplidos

Rosique explicó que, al no informar de la cantidad de dinero que procede del Estado, el consejero Ballesta viene incumpliendo reiteradamente el Plan Estatal de Vivienda, ya que en el convenio firmado con el Ministerio se comprometió a informar a los ciudadanos sobre las actuaciones que el Gobierno de España en la Región. “Ballesta presenta a la opinión pública las actuaciones en rehabilitación como actuaciones del Gobierno regional, obviando que nuestra Comunidad Autónoma va a recibir para entregar a los ciudadanos 355 millones de euros del Gobierno de España para subvenciones y ayudas directas, es decir, más del doble de lo que el Gobierno regional piensa aportar al Plan Regional de Vivienda”.

“Los ciudadanos tenemos derecho a una información transparente y el consejero está obligado a facilitarla”, finalizó Rosique.