La diputada regional Teresa Rosique manifestó que el Gobierno regional dice, en respuesta a una pregunta realizada por el Grupo Parlamentario Socialista que “tiene dificultades para cobrarle a Portman Golf los 5,4 millones de euros que ha costado la eliminación de la Balsa Jenny, y que según el artículo 27 de la Ley 10/1998 de Residuos, correspondía pagar a los propietarios de esa balsa.

Dichas dificultades, según la respuesta de la Consejería de Agricultura y Agua, se deben a que la Comunidad Autónoma tenía que haber declarado, delimitado y haber hecho un inventario de suelos contaminados, tramitación que no inicio hasta 2005.

“Desde el PSOE consideramos que esta respuesta demuestra que el Gobierno regional nunca tuvo la intención de cobrar a la empresa propietaria de la Balsa Jenny el costo de su eliminación”.

Listado de Patrimonio

Para la diputada socialista, los pasos que el Ejecutivo de Valcárcel dio en referencia con este tema así lo demuestran. El Gobierno regional aceptó en 2001, la donación gratuita de esa balsa contaminada y la incluyó en el listado de patrimonio de la Comunidad Autónoma, asumiendo de esa manera, que la eliminación de la balsa contaminante se terminaría pagando con dinero público, incluso con fondos de la Unión Europea.

Por otra parte, el propio Gobierno regional, por boca del entonces consejero de Presidencia, Fernando de la Cierva, dijo en declaraciones públicas, en mayo de 2005: “que el terreno no fue cedido, sino donado y es propiedad de la Comunidad Autónoma”. Asimismo, declaró que la actuación del Gobierno regional era “correcta desde el punto de vista jurídico y goza de todos los informes técnicos y jurídicos a favor”.

A principios de 2007, cuando el Gobierno regional tiene conocimiento de que la Fiscalía Anticorrupción había abierto una investigación por estas actuaciones, el Ejecutivo autónomo empieza a decir que las obras de eliminación de la Balsa Jenny se habían pagado con dinero público, “pero que le pasarían la factura a la empresa Portman Golf, propietaria de la misma”.

Dos años después, en octubre de 2009, el Gobierno regional no sólo no ha cobrado esas obras, sino que reconoce que tiene dificultades para hacer efectivo el cobro.

La diputada recordó que el Gobierno regional le ha perdonado 5,4 millones de euros a esta empresa y, además, en época de Aznar, una empresa pública le concedió una adjudicación por casi tres millones de euros para verter esos residuos en un terreno propiedad de la empresa propietaria de la Balsa Jenny.

El PSOE pide la comparecencia del Gobierno regional en la Asamblea para que explique por qué razón se ha financiado con dinero de todos los murcianos algo que por ley debería haber pagado la empresa propietaria.