Será obligatorio marcar las piezas de caza abatidas con precintos facilitados por la Administración

La Consejería de Agricultura y Agua ha puesto en marcha medidas activas para controlar y evitar la caza furtiva, en colaboración con el colectivo de cazadores, representado por la Federación Murciana de Caza.

El director general de Patrimonio Natural y Biodiversidad, Pablo Fernández, señaló que la Región de Murcia alberga importantes poblaciones de ungulados, entre las que destacan la cabra montés (Capra pyrenaica) en el Noroeste, y el arrui (Ammotragus lervia) en la zona centro, que “se ven afectadas por crecientes episodios de furtivismo”. Según Fernández, “el cazador furtivo provoca importantes daños a los ecosistemas, al no respetar los ciclos biológicos, y también perjudica al resto de cazadores que cumplen las normas legales y hacen un aprovechamiento racional de la caza”. Asimismo, añadió, dichas poblaciones silvestres “tienen un alto valor económico para el desarrollo de las zonas rurales”.

Entre las medidas que ha puesto en marcha la Consejería para combatir la caza ilegal destaca la obligación de marcar las piezas de caza abatidas con precintos facilitados por la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad, antes de abandonar el lugar de caza. Posteriormente un agente medioambiental levantará un acta con los datos morfológicos del animal y las correspondientes mediciones. Cada precinto deberá ser convenientemente marcado en el soporte donde se fije el trofeo del animal cazado, una vez naturalizado, lo que dará fe de que ha sido cazado de forma legal.

La Consejería ha fijado en 6.000 euros el valor cinegético de cada ejemplar de las citadas especies, en concepto de indemnización complementaria, cuando se trate de una pieza cobrada ilegalmente o se incumplan las normas fijadas en la autorización expedida por la Administración.

Control de las actividades cinegéticas

Asimismo, el Cuerpo de Agentes Medioambientales y el de Celadores de Caza y Pesca Fluvial, integrado por más de cien profesionales, intensificará el seguimiento de las actividades cinegéticas. En este sentido, el director general destacó la reciente creación de la Brigada de Caza y Pesca (BRICAP), que se suma a otras ya existentes como la Brigada Ecuestre y la Brigada Canina.

Pablo Fernández explicó que “el control se ampliará también a los taxidermistas, “mediante la recogida de los precintos de los animales naturalizados y el seguimiento de los libros de registro obligatorios, en los que deberá figurar la procedencia de los ejemplares de fauna silvestre disecados, para garantizar que son legales”.

La Consejería pretende incorporar también dispositivos de videovigilancia y fototrampeo nocturno y diurno en los terrenos cinegéticos más sensibles al furtivismo, una tecnología que proporciona información mediante soportes digitales, en tiempo real.

Finalmente se realizarán controles disuasorios de vehículos sospechosos de actividades ilícitas, para evitar la utilización de armamento y accesorios de uso corriente entre los furtivos, tales como rifles de pequeño tamaño desmontables y adaptados, silenciadores, dispositivos de iluminación y elementos de comunicación, entre otros.

Furtivos sorprendidos

Agentes medioambientales y celadores de caza de la Consejería sorprendieron recientemente a dos cazadores furtivos en el paraje de la Umbría de la Galluba, ubicado en el interior de la Reserva de Caza del Parque Regional de Sierra Espuña, que portaban un rifle desmontado bajo el asiento de su coche. Los agentes rastrearon intensamente la zona y, a pesar de la oscuridad, pudieron localizar un ejemplar abatido de arrui macho, tras lo cual decomisaron el arma y la pieza capturada, y efectuaron la correspondiente denuncia.

La Ley de Caza de la Región de Murcia considera infracción muy grave cazar en una reserva, así como en refugios de caza, sin la autorización de la Consejería competente, aunque no se haya cobrado pieza alguna. Por cometer infracciones muy graves, dicha ley establece multas de entre 3.000 y 60.000 euros y la retirada de la licencia e inhabilitación para obtenerla durante un plazo comprendido entre tres y cinco años, además de la suspensión de la actividad cinegética durante el mismo período, en su caso.