Murcia, 12 sep (EFE).- La empresa Iberdrola ha abierto en el primer semestre 877 expedientes sancionadores por fraudes eléctricos en la Región cuyo importe aproximado de esa energía a precio de venta al público rondaría los 1,8 millones de euros, informó a EFE un portavoz de esta sociedad.

Iberdrola destaca que cuando se defrauda energía se está perjudicando económicamente al resto de los consumidores, debido a que la actual regulación asigna las pérdidas de electricidad al cálculo de las siguientes tarifas, por lo que se provoca un incremento de las mismas.

Iberdrola ha llevado a cabo en la Región de Murcia durante el primer semestre de 2009 más de 4.800 inspecciones en su red de distribución de energía eléctrica tanto en niveles de baja tensión como en alta tensión.

Como resultado de estas comprobaciones, la Compañía ha abierto 877 expedientes por irregularidades localizadas principalmente en clientes con excesivo consumo en relación a la potencia instalada o en clientes con poco consumo, en locales con actividad comercial en horario fuera de lo habitual -bares, pubs y discotecas-, en obras y también como consecuencia de avisos tanto internos como externos de posibles irregularidades en las instalaciones.

Iberdrola, que ha contado en todo momento con la colaboración de los correspondientes servicios territoriales de energía e industria de la Región de Murcia, ha detectado anomalías en la medición de la energía eléctrica como consecuencias del fraude por un montante de unos 13 millones de kilovatios hora, lo cual supone una recuperación relativamente alta de las pérdidas sufridas.

Según Iberdrola, las conexiones ilegales a la red eléctrica conllevan un elevado riesgo para la seguridad de las personas que las realizan y también para terceros, así como para las propias instalaciones, ya que se llevan a cabo al margen de la legalidad y de la normativa técnica vigente.

El hecho de conectarse ilegalmente a la red de distribución puede causar averías en las instalaciones, al superarse la capacidad prevista para las mismas, lo que puede suponer un perjuicio para el resto de clientes.

Además, la defraudación de fluido eléctrico está tipificada como delito en el Código Penal, por lo que en algunos casos la detección de anomalías ha conllevado la correspondiente denuncia ante la autoridad judicial, agrega la fuente.

A lo largo de 2008 se realizaron en la Región más de 9.900 inspecciones que permitieron aflorar en la Región fraudes de energía eléctrica por alrededor de 27 millones de kilovatios hora. EFE