La Federación de Enseñanza de CCOO Región de Murcia, que conforma el Área Pública de CCOO junto con las Federaciones de Sanidad y de Servicios a la Ciudadanía, ante las diversas informaciones surgidas en los medios acerca de una hipotética congelación salarial para los más de dos millones y medio de empleados públicos de nuestro país muestra su postura crítica ante tal posibilidad.
Esta Federación mantiene el criterio que ha sido norma durante los últimos años de adoptar un crecimiento salarial para el conjunto de los empleados públicos no inferior a la previsión de inflación, o lo que es lo mismo, un crecimiento equivalente al que experimenten las pensiones en los Presupuestos Generales del Estado.
Tratándose del criterio adoptado por el gobierno cuando las previsiones de IPC eran del 2% y el IPC real del 4%, no nos parece justificado establecer variaciones cuando la inflación baja.
Creemos un error plantear un incremento cero de los salarios públicos puesto que administraciones y servicios públicos resultan un sector de referencia para el conjunto del sistema y para consumo privado, con el peligro inherente respecto a la situación de crisis y la destrucción de empleo.
La Federación de Enseñanza de CCOO defenderá este criterio para su adopción como posición del Área Pública de CCOO junto con el planteamiento de una Cláusula de Revisión Salarial que permitiese, cuando la inflación fuese superior a la previsión, el ajuste posterior que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de todos los empleados públicos.
Es preciso recordar que el conjunto de los empleados públicos reúne a muchos trabajadores y trabajadoras que rondan la condición de mileuristas, en contra de algunas imágenes distorsionadas sobre sus condiciones laborales.
Para la Federación de Enseñanza de CCOO, junto con estos planteamientos salariales, es preciso poner el acento en la próxima Mesa General de Función Pública de las cuestiones relativas al empleo. Para CCOO, en el contexto de esta crisis económica, la respuesta no es otra que reforzar los servicios públicos como garantía de cohesión social y territorial y como herramienta que evite procesos de exclusión social de los colectivos más desfavorecidos y desprotegidos.