El diputado del Grupo Parlamentario Popular Manuel Campos ha asegurado hoy que la negociación de las transferencias de Justicia ha entrado en “su última fase” tras varias reuniones de los equipos técnicos del Ministerio de Justicia y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Campos ha destacado el “alto grado de entendimiento” entre las dos administraciones que, según ha explicado, desembocarán en la adquisición de las competencias “cumpliendo los plazos previstos y en las condiciones que la Región de Murcia se merece”.
Así, Campos ha asegurado que en la última reunión mantenida con el Ministerio, el 30 de julio de 2009, la consejera de Presidencia y Administraciones Públicas, María Pedro Reverte, transmitió al Ministerio cuales son las pretensiones de la Región de Murcia que “van a ser estudiadas de inmediato”. Así, según ha detallado Campos, “estamos en condiciones de asumir las transferencias a fecha de 31 de diciembre de 2009 y empezar a trabajar el 1 de enero de 2010 con presupuesto propio”.
“Está concluyendo un largo proceso de trabajo en el que han participado las dos administraciones teniendo como claro destinatario al ciudadano”.
De hecho, el también comisionado regional para las Transferencias de Justicia ha indicado que aún existe “un gran déficit en materia de infraestructuras de ahí que la consejera haya exigido la deuda histórica”, es decir, “que compense a la Región de Murcia por la menor inversión en Justicia en comparación con otras autonomías”. En este sentido, ha detallado que “tan sólo un tercio de los edificios judiciales de Murcia son de titularidad del Ministerio” con lo que, a su juicio, el Gobierno central “tendrá que subsanar esta deficiencia”.
Ha especificado que una de las prioridades de la gestión de la Justicia, una vez sea transferida, será “la digitalización de la administración de Justicia” ya que “eliminando la lentitud del papel mejoraremos los tiempos y la calidad del servicio”.
Para Campos, gestionar las competencias de Justicia es “un nuevo reto que asumirá el Gobierno regional con el único objetivo de mejorar el servicio público que se dispensa al ciudadano que debe de ser el principal beneficiario de todo este proceso”.