Murcia, 17 jul (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia puede determinar en una o dos semanas la admisión o no del caso Limusa, cuyo auto le ha sido remitido hoy por un juzgado de Instrucción de la ciudad de Lorca, que se ha inhibido al aparecer como "imputables" dos diputados autonómicos, del PSOE y de IU.
Según informaron a Efe fuentes del TSJ, tras la inhibición del titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Lorca, Sergio Romero, que investigaba una presunta trama de corrupción en la empresa municipal de limpieza de Lorca Limusa, y el envío del auto al TSJ, será la Sala de lo Civil y lo Penal de este órgano judicial la encargada de enjuiciar a ambos parlamentarios.
En el informe que Romero ha remitido al TSJ, compuesto por el auto y por toda la documentación recopilada durante la instrucción, éste debe señalar al TSJ los indicios hallados contra los dos aforados durante las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora en el marco de esta investigación.
Esta "exposición razonada", como señala la ley, es un trámite obligado cuando la investigación judicial del caso se extienda a los dos aforados, ya que el juzgado de Lorca no es competente para investigar la actuación de éstos, que gozan de una especial protección por ser parlamentarios.
Una vez recibido el documento del juez instructor, la Sala de lo Civil y Penal lo trasladará al fiscal superior de la región de Murcia, Manuel López Bernal, para que éste se pronuncie sobre la competencia de este tribunal para juzgar los hechos, y para que al mismo tiempo determine si las actuaciones que se atribuyen a ambos aforados podrían ser constitutivas de alguna infracción penal.
La remisión de información puede durar un plazo que va desde díez días a varias semanas, según han explicado fuentes del TSJ, que han indicado que durante ese tiempo las partes implicadas tienen tres días para estudiar el auto y otros cinco para presentar recurso contra éste.
Hasta que no finalice este plazo, la Sala de lo Civil y Penal, que preside el a su vez presidente del TSJ, Juan Martínez-Moya, no puede comenzar a revisar la documentación, aunque ya la tenga completa en su poder. EFE