Comunicado de la asociación Ecologistas en Acción:

El 24 de junio se celebra el Día Contra  la Contaminación Electromagnética. Ecologistas en Acción  quiere señalar en este día el imparable aumento de la electropolución en nuestra Región, causada por dos agentes principales: por un lado, los campos electromagnéticos de baja frecuencia de las líneas eléctricas, subestaciones y transformadores y, por otro lado, los campos electromagnéticos de radiofrecuencias y microondas emitidos por las antenas estaciones base de telefonía móvil y otras infraestructuras como los sistemas Wifi y WiMAX.
Ecologistas en Acción Región Murciana junto con diversas organizaciones  de afectados, vecinales y medioambientales, agrupadas en la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética; han elaborado el manifiesto siguiente:
 
PLATAFORMA  ESTATAL  CONTRA LA CONTAMINACIÓN  ELECTROMÁGNETICA
Manifiesto
  Las asociaciones de afectadas/os asociaciones de vecinas/os, electrosensibles, grupos ecologistas, comités científicos, expertas/os y abogadas/os agrupados en esta plataforma MANIFESTAMOS QUE HABIDA CUENTA DE:
La preocupación actual de la población mundial y científicas/os independientes por los riesgos que entraña para la salud la exposición crónica cotidiana a diferentes campos electromagnéticos (líneas de alta tensión, estaciones transformadoras, transformadores de zona, en baja frecuencia, y estaciones base de antenas de telefonía móvil, WIFI, WIMAX, teléfonos inalámbricos DECT, femtoceldas, etc., en alta frecuencia de microondas pulsantes
El reconocimiento unánime de la existencia de efectos “no térmicos” por parte de los investigadoras/os científicas/os independientes de la industria.
Las señales de alarma emitidas por grupos de científicas/os independientes e investigadoras/os de máximo prestigio internacional, en diferentes resoluciones: Salzburgo I (2000), Salzburgo II (2002), Catania (2002), Friburgo (2002), Alcalá (2002), Benevento (2006), Londres (2007) y París (2009).
La publicación del  Informe BIOINITIATIVE, que tras revisar 1500 investigaciones científicas independientes,  (que) alerta de los graves efectos que pueden causar las exposiciones a largo plazo de las radiaciones de campos electromagnéticos (CEM) y de radiofrecuencias (RF), producidas por las líneas de alta tensión, subestaciones transformadoras, transformadores, etc. y por la telefonía móvil y demás sistemas inalámbricos, en los niveles a los que estamos expuestos actualmente y (que) recomienda, con carácter de máxima urgencia a las autoridades públicas y sanitarias la reducción drástica de los niveles de exposición permitidos (hacia) hasta niveles inferiores a  0,1 µw/cm2 en exteriores, y menos de 0,01 µw/cm2 en interiores, con carácter provisional para avanzar hacia ulteriores reducciones
La Resolución de Londres (2007) que propone que apliquen de manera inmediata las recomendaciones del Informe Bioinitiative 2007 sobre CEM y RF y se esfuercen por establecer las recomendaciones de la Secretaría de Salud Pública del Gobierno de Salzburgo (2002) de 0, 001 µw/cm2 (0,06 V/m) al aire libre y de menos de 0,0001 µw/cm2 (0,02 V/m) para exposición a RF en interiores, habida cuenta de la extrema penetración de las frecuencias utilizadas en la tercera generación de estas tecnologías.
 Las iniciativas pioneras llevadas a cabo con éxito en algunos lugares como Salzburgo, donde se ha conseguido alcanzar los niveles anteriormente, referidos y se proyecta rebajarlos aún más.
La preocupación de la comunidad científica por posibles efectos devastadores en adolescentes y niñas/os a largo plazo, dada la inmadurez de los tejidos cerebrales y la gran penetración de las ondas en los tejidos.
 Las recientes resoluciones del Parlamento Europeo (septiembre de 2008 y abril de 2009) en las que se insta a revisar y reducir los límites máximos de (protección) exposición establecidos frente a los riesgos generados por los CEM.
Los derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española: el Derecho a la integridad física (Art. 15), el Derecho a la intimidad personal y familiar (Art. 18.1), el Derecho a la inviolabilidad del domicilio (Art.18.2)y el Derecho a la protección de la salud. (Art. 43), así como los derechos al trabajo, atención sanitaria, transporte y participación ciudadana de las personas electrohipersensibles (EHS), como se recomienda en la Declaración de Paris (2009).
DENUNCIAMOS
La actitud y estrategias de la industria de telecomunicaciones, que se centra en negar las evidencias científicas (Declaración de París 2009) y en influir, por medio de sus poderosos grupos de presión, en los medios de comunicación y poderes públicos e instituciones, con el objeto de impedir que se establezca una legislación que controle (el despliegue tecnológico y la instalación) la caótica proliferación de infraestructuras  emisoras de CEM  y proteja la salud de la población.
La pasividad y alineamiento, hasta la fecha, del Gobierno español, con los intereses de las industrias eléctricas y de telecomunicaciones inalámbricas que, en lugar de defender el derecho a la salud de la población, ignora las reivindicaciones ciudadanas, las advertencias científicas y las resoluciones internacionales y del Parlamento europeo.
En defensa del derecho a la salud y la vida de las generaciones presentes y futuras:
PEDIMOS
A LAS AUTORIDADES POLÍTICAS:
Que velen por la Salud Pública en vez de por los intereses económicos de las industrias eléctricas y de las telecomunicaciones inalámbricas.
Que desarrollen una nueva legislación, en sustitución de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1066/2001 sobre dominio público radioeléctrico y de la actual Ley General de Telecomunicaciones, ya obsoletos, que garantice la salud de la población basándose en los principios de Precaución y Prevención y en el principio ALATA (mínima emisión técnicamente posible), con el objeto de aplicar las recomendaciones del informe BIOINITIATIVE para microondas que son de menos de 0,1 µw/cm2 en exteriores y 0,001µw/cm2 en interiores, y con el compromiso de reducir esos límites de exposición aún más en el futuro en consonancia con la Resolución de Londres (2007).  Para campos magnéticos generados por las líneas de alta tensión y transformadores,  en base al Informe Bioinitiative, se piden niveles máximos de exposición inferiores a 0,1µT.
Que se establezca un sistema de control de los niveles de emisión fiable, encomendada a un cuerpo público de inspección independiente y con información pública accesible en tiempo real a toda la ciudadanía, con la participación de científicos/as independientes y de la  ciudadanía.
Que se establezcan distancias mínimas biosanitarias para todas las fuentes de emisión CEM, tanto de baja como de alta frecuencia, en base a los estudios científicos independientes.
Que se establezca una reserva específica de suelo para todo tipo de infraestructuras e instalaciones emisoras de CEM, tanto de baja como de alta frecuencia.
Que se establezca un registro público actualizado de todas las fuentes de emisión de CEM (líneas de alta tensión, subestaciones transformadoras, transformadores de barrio, estaciones base de telefonía, radioenlaces, picoantenas, radares, etc.) y que se especifique su ubicación exacta,  potencia real de emisión, frecuencias y características.
Que se regule el uso del móvil por menores de edad y se financien y promuevan campañas de uso responsable  del móvil y dispositivos inalámbricos, en conformidad con las recomendaciones del Parlamento europeo.
Que se persiga el incumplimiento de la legislación reguladora con sanciones ejemplares
Que las autoridades decreten una moratoria en todo el Estado sobre la instalación de sistemas WIFI, WIMAX, etc. y se desmantelen los dispositivos y redes inalámbricas ya instalados sustituyéndolos por conexiones por cable.
Que se reconozca la electrohipersensibilidad (EHS) como causa de discapacidad, como se hace en Suecia y en algunos estados de los EE.UU. como recomiendan las recientes resoluciones del Parlamento europeo, y que se instruya a los Servicios Públicos de Salud para que diagnostiquen y certifiquen los casos de EHS que se les presenten.
Que se (prohíba) regule el uso del móvil en el transporte público y en todos los  centros públicos (escuelas, universidades, hospitales, bibliotecas, casas de cultura, etc.).
Que se regulen los radioenlaces, (emisores en frecuencias de radar entre 15Ghz y 45Ghz, altamente peligrosas) y  se sustituyan por fibra óptica en las ciudades y, en la medida de lo posible, también en las zonas rurales.
Que se financie y promueva la realización de estudios epidemiológicos diseñados por científicas/os de probada independencia, con participación ciudadana y de  las organizaciones de afectadas/os.
Que se obligue a las compañías a disponer de un seguro de responsabilidad civil y penal ilimitado o que lo garantice por Ley el Estado.
RECOMENDAMOS
A LA POBLACIÓN que se informe consultando fuentes independientes de las industrias implicadas, se proteja, en caso de encontrarse en riesgo su salud, se organice y reivindique su derecho a la salud. Recomendamos también que minimicen los riesgos en sus domicilios particulares primando las tecnologías por cable a las inalámbricas (cable en vez de WIFI, teléfonos fijos en vez de  inalámbricos DECT, etc.).
A LAS COMUNIDADES DE VECIN@S que no instalen antenas en sus edificios y que rescindan los contratos de las ya instaladas, hasta que no se garantice niveles que minimicen los riesgos actuales.
A LOS SINDICATOS que participen activamente  para lograr la minimización estos riesgos, ya que afectan también al ámbito de la salud laboral.
A L@S MEDICOS Y PROFESIONALES DE LA SALUD a que se informen de fuentes independientes y se movilicen individual y colectivamente por la defensa de la salud de la población.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  (a) que eviten el sesgo introducido en relación con los CEM y las RF  por los intereses de las industrias implicadas y que velen por una información veraz y la libertad de expresión.
A LA INDUSTRIA DE TELEFONÍA MOVIL que cambien su actitud y colaboren participando en el debate público desde la transparencia y el interés por la salud pública, aportando propuestas técnicas que minimicen riesgos y dedicando parte de sus onerosos beneficios a implantar un sistema que respete el derecho a la salud y otros derechos fundamentales de la población.
A LA IGLESIA que, cuando se le plantee instalar una antena en edificios o terrenos de su propiedad, tenga en cuenta la salud de las personas que viven alrededor.
 A LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES que reivindiquen también el  derecho a la salud de las/os usuarias/os de las tecnologías emisoras de Campos Electromagnéticos, ya que defienden el derecho a la salud como uno de sus principios básicos.