La Consejería de Sanidad y Consumo, a través de la Dirección General de Atención al Ciudadano, Drogodependencias y Consumo, ha propuesto al Instituto Nacional de Consumo controlar los productos adelgazantes con vistas a la próxima temporada veraniega. Otras comunidades españolas como el País Vasco, Cantabria, Canarias, Valencia y Baleares ya han mostrado su interés por sumarse a esta iniciativa.

Según señaló el director general de Atención al Ciudadano, Consumo y Drogodependencias, Juan Manuel Ruiz Ros, “el control se efectuará en productos alimenticios destinados a una alimentación especial, empleados en dietas de bajo valor energético para reducción de peso”. Este tipo de productos específicos son presentados como sustitutivos de una dieta diaria completa o de una o varias comidas del día.

Juan Manuel Ruiz Ros explicó también que, una vez se ponga en marcha la campaña, “entre todas las comunidades autónomas implicadas se realizarán un total de 130 controles de etiquetado, es decir, 20 controles por comunidad autónoma”.

Según apuntó el director general, “todavía no está fijada la fecha en la que se iniciarán los controles, una medida que, por otro lado, decidirá cada comunidad autónoma en función de sus propias apreciaciones”.

Entre las seis comunidades implicadas en el control de productos adelgazantes, se recogerán un máximo de 32 muestras que serán acordadas entre ellas para evitar la repetición en el control de productos. En este sentido, Ruiz Ros señaló que “se ha considerado conveniente la toma de muestras, prioritariamente, en aquellos productos a los que se les atribuya un efecto saciante”.

Ruiz Ros declaró que “la comunidad autónoma encargada de redactar el protocolo de actuación será Murcia, lo que supone una gran responsabilidad pero también un orgullo por tratarse de una iniciativa que ha despertado el interés de otras comunidades españolas ante la llegada del verano, cuando las dietas y los productos adelgazantes proliferan en mayor número por todo el país”.

El director general de Atención al Ciudadano, Drogodependencia y Consumo, precisó que “se trata de inspecciones oficiales y por tanto, en caso de hallarse irregularidades en algún producto analizado, se iniciará, si procede, la apertura del correspondiente expediente sancionador”.

En este sentido, advirtió Ruiz Ros, “además de las empresas fabricantes del producto, se valorará también la responsabilidad del establecimiento donde se comercialice éste a la hora de efectuar las actuaciones de control”.