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Las comunidades productoras de tomate y el Ministerio acuerdan la creación de un comité hispano-marroquí en defensa del sector

La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y los consejeros de Agricultura de Murcia, Andalucía, Canarias y Valencia proponen un plan de modernización del sector para que sea más competitivo

El consejero Antonio Cerdá asegura que “debemos tener una posición reivindicativa conjunta porque está en juego nuestro futuro”

Las comunidades de Murcia, Andalucía, Canarias y Valencia acordaron hoy con el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino la creación de un comité de seguimiento entre España y Marruecos para regularizar los intercambios comerciales de tomate y diseñar una estrategia conjunta para controlar que se cumplan los acuerdos entre Europa y el país magrebí.

El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, y sus homólogos de Andalucía, Martín Soler; Canarias, Mª Pilar Merino y Valencia, Maritina Hernández, entregaron hoy a la responsable del Ministerio, Elena Espinosa, una declaración formal en defensa del sector, firmada el pasado dos de marzo en Almería, y le trasladaron el posicionamiento de estas zonas ante el futuro acuerdo de renovación para la exportación de tomate marroquí.

Los responsables de Agricultura acordaron también plantear a las instituciones comunitarias el desarrollo de un plan de modernización del sector productor de tomate para “mejorar su competitividad”. Cerdá señaló que los “incumplimientos” y las nuevas concesiones a países terceros “están asfixiando a los agricultores”.

Explicó que “estamos en una situación de indefensión” y exigió que “se cumplan íntegramente los acuerdos en vigor”, en referencia al mantenimiento de los precios mínimos de entrada, los controles “exhaustivos y rigurosos” de seguridad alimentaria, los cupos de exportaciones y los calendarios de venta. Cerdá añadió que “el sector debe estar a la ofensiva y no a la defensiva”.

El consejero murciano consideró “inaceptable” que Europa “atienda los requisitos de Marruecos” porque, según añadió, “causaría graves daños a las principales zonas con mayor volumen de exportación”, y abogó en este sentido por adoptar “una posición reivindicativa conjunta porque está en juego nuestro futuro”.

Cerdá aseveró que la Política Agraria europea es “inexistente” porque “nos autoexigimos mucho y a los de fuera no se les requiere nada”. “Europa abre la mano a importaciones de terceros sin condiciones”, apostilló el responsable murciano de Agricultura, quien añadió que “nuestros agricultores están en desventaja respecto a otros países”.

Las cuatro principales zonas afectadas pidieron, además, que “los mismos requisitos” que se exigen a los países comunitarios “sean recíprocos a las zonas extracomunitarias con el fin de garantizar la seguridad y calidad alimentaria”.

La finalidad del documento, que se remitirá también a los ministerios de Industria, Turismo y Comercio y de Asuntos Exteriores y Cooperación, así como a la Comisión Europea, es instar a las instituciones comunitarias a “defender claramente” a un sector al que consideraron “estratégico, estable y sensible, que genera empleo y riqueza”.

Andalucía, Canarias, Murcia y Valencia producen anualmente dos millones de toneladas de tomate fresco, el 90 por ciento del total español, que alcanza los 2,3 millones de toneladas, y en conjunto exportan a la Unión Europea 803.495 toneladas, de las 884.693 que vende España a los países comunitarios.

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