Murcia, 5 mar (EFE).- El director general de la Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo (Hefame) y ex consejero del Gobierno regional de Murcia, Francisco Marqués, del PP, se ha negado a declarar ante la Policía Nacional, acogiéndose de esta forma a su derecho constitucional.
Fuentes de la investigación señalaron a Efe que Marqués, detenido ayer cuando se encontraba en Madrid junto a su mujer M.J., por presuntos delitos de cohecho y prevaricación relacionados con el caso de recalificación de unos terrenos en La Zerrichera, se negó a hacer declaraciones ante los agentes que investigan el caso.
La esposa del ex consejero de Sanidad y de Medio Ambiente regresó también de Madrid ayer y prestará declaración ante el titular del juzgado número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, en calidad de imputada, señalaron las mismas fuentes.
Según el Código Penal, el delito de cohecho está penado con prisión de dos a seis años, multa dependiendo de lo recibido e inhabilitación especial para empleo o cargo público de 7 a 12 años. Mientras, la prevaricación se castiga con inhabilitación de 7 a 10 años.
El caso judicial sobre "La Zerrichera" se inició en febrero de 2007, a raíz de las denuncias por presuntos delitos medioambientales presentadas por la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), Ecologistas en Acción y el PSOE.
El Grupo Hispania, presidido entonces por el promotor Trinitario Casanova, pretendía construir en la zona, protegida como Zepa por la normativa comunitaria, un complejo urbanístico compuesto por unas 4.000 viviendas, un campo de golf de 18 hoyos, y un hotel de lujo.
La finca consiguió la recalificación a suelo urbanizable por el ayuntamiento de Águilas en 2004. Entre ese año y 2006 Marqués era el consejero de Medio Ambiente, departamento que fue aprobando los sucesivos trámites administrativos para construir en la zona.
En 2006, Benito Mercader, que sustituyó en el cargo a Marqués tras cesar a petición propia, paralizó el expediente y ordenó elaborar un plan de gestión y conservación de la Sierra de La Almenara, donde se ubica la finca, así como que no se efectuara ninguna actuación si no tenía garantías de legalidad. EFE