El responsable de Educación del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús López recordó “que el principio de neutralidad está en la ley y en la ética profesional de los profesores”. López hizo estas declaraciones a propósito de la reunión celebrada hoy por el vicesecretario de Sectorial del Partido Popular de la Región de Murcia, José Gabriel Ruiz, y la secretaria de Educación del PP, Mª Carmen Moreno, con representantes de padres objetores de la asignatura Educación para la Ciudadanía.

López subrayó que el Tribunal Supremo ha sido muy claro en su referencia a que ni Administración, ni centros ni profesores pueden inculcar puntos de vista sobre cuestiones morales controvertidas. “Ningún profesor puede ni debe utilizar su cátedra para adoctrinar ni en Educación para la Ciudadanía, ni en ninguna otra área de los currículos de la enseñanza obligatoria”. En todo caso- agregó- “la única asignatura de adoctrinamiento en nuestro sistema es la Religión y ésta la eligen voluntariamente los padres”.

Batalla política

Para el diputado socialista “es tal la obsesión de algunos por mantener una batalla política contra el Gobierno de España, utilizando como instrumento la Educación, que ahora se han empeñado en darle la vuelta a la sentencia del Tribunal Supremo que es contundente sobre el asunto y que dice: “Educación para la Ciudadanía es compatible con la libertad ideológica y religiosa, el Estado está obligado a intervenir en los contenidos de la Educación y en transmitir el conocimiento del entramado institucional del Estado y los principios y valores de la democracia”.

El Tribunal Supremo es rotundo, asimismo, al afirmar que “los padres no tienen derecho a la objeción de conciencia y no pueden oponerse a que el Estado programe la enseñanza. “En ningún caso el Tribunal Supremo ha dicho que existan contenidos de los currículos de Educación para la Ciudadanía que puedan invadir derechos o libertades de padres o alumnos”, subrayó.

El diputado socialista opinó que “los profesores, como funcionarios públicos, conocen muy bien sus obligaciones y no resulta beneficioso para el sosiego del trabajo docente la amenaza de ningún partido, ni asociación o colectivo de convertirse en una especie de somaten frente al fantasma del adoctrinamiento, que está absolutamente fuera de la realidad de nuestras aulas”.

No obstante, concluyó, “todos los padres y alumnos tienen las garantías que el Estado de Derecho da a la libertad y a los derechos individuales, tanto en los centros educativos, como en cualquier otro ámbito de la vida pública”.