Murcia, 10 feb (EFE).- El Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, que investiga la presunta trama de corrupción urbanística de Librilla, ha enviado un oficio a la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma para que le envíe cuatro discos duros "a fin de poder realizar las copias de los que fueron intervenidos en dicho organismo".

El registro efectuado en dichas dependencias por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) fue debido a que en las mismas había trabajado el funcionario ahora en excedencia y uno de los diecisiete imputados en esta causa José Luis C.

En la misma resolución, a la que ha tenido acceso EFE, el juez ha accedido a la petición hecha por otro imputado, Domingo P.R., de que se le devuelva el DNI.

Al razonar esta decisión, se indica que "al permanecer dentro del territorio Schengen, lugar en el que las eventuales averiguaciones de domicilio o detenciones tienen prácticamente la misma virtualidad que en el territorio nacional, (su presencia) ya se encuentra asegurada por las requisitorias y retención de su pasaporte".

Y añade que "ya se han librado requisitorias generales de prohibición de salida del territorio español".

En cuanto a un escrito presentado por el alcalde de Librilla y también imputado, José G.M., se ha requerido a la Guardia Civil "para que aporte copia del expediente de contratación relativo a la ejecución de una piscina municipal por parte de Urvisan, S.L.", una de las empresas investigadas.

El Auto atiende asimismo la solicitud de José Andrés C.O., secretario de Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL), que se interesó por el paradero de un ordenador.

Al respecto, el Juzgado ordena que se compruebe si se encuentra entre las piezas de convicción y, en caso contrario, que se requiera a la UCO para que manifieste si lo tiene en su poder y si el contenido del mismo tiene alguna relevancia para el esclarecimiento de los hechos.

El juez ha comunicado a todos los implicados en esta caso que se ha recibido diversa información de la Caja Rural de Albacete, Asociación Española de Banca, Banco Guipuzcoano y de otras entidades bancarias.

Por esta presunta trama de corrupción urbanística el pasado 22 de noviembre ingresó en prisión, entre otros, el alcalde del citado municipio, que fue puesto en libertad el 5 de diciembre. EFE