La diputada regional socialista y secretaria de Bienestar Social de la Ejecutiva del PSRM-PSOE, Lola Hernández, denunció que la Consejería de Política Social sigue sin resolver los problemas de puesta en marcha del Sistema de Atención a la Dependencia. Hernández manifestó que “la falta de organización del sistema tanto en la atención a los solicitantes como en la transparencia de la gestión y la falta de celeridad en la tramitación son una constante”.

La parlamentaria socialista añadió en cuanto a la transparencia en la gestión, que el consejero Bascuñana ha decidido que su gestión al frente de la Consejería de Política Social “sea la más opaca de todo el Gobierno Regional, sólo muestra aquellas noticias que le son favorables pero oculta información sobre el Sistema de Dependencia. Además no quiere que sepamos cuáles son los datos reales, olvida que la transparencia es una característica en el trabajo público”.

Web de la CARM

Lola Hernández comentó que en la página web de la CARM aparecen los datos sobre solicitudes y resoluciones del sistema de Dependencia, pero no aparece por ningún lado el número de beneficiarios de prestaciones ni el tipo de prestaciones ni los municipios de los solicitantes.

Es decir, que “sabemos el número de personas que quieren acceder al sistema de Dependencia, también sabemos las valoraciones que se han realizado, pero no sabemos cuántas son las personas que reciben dichas prestaciones”. Para la parlamentaria socialista esto “lo que indica es el volumen de personas que no están teniendo respuesta por parte de la Administración regional en la resolución de sus expedientes y que no están accediendo a las prestaciones existentes”.

Así hay muchos casos que fueron valorados a mitad del año 2008 y a fecha de hoy no tienen PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN ni resolución de las prestaciones.

Por otro lado, señaló que en la página web del IMSERSO pueden verse las estadísticas de todas las comunidades autónomas y puede comprobarse que los datos dados por la CARM no coinciden. Existe una diferencia de casi dos mil resoluciones de grado protegible III, nivel 1 y2, y grado protegible II, nivel 2.

El IMSERSO transfiere a la CARM el mínimo garantizado en función de los dictámenes que le envía”; si la CARM ha enviado casi dos mil dictámenes menos al IMSERSO, no está cobrando las cantidades que corresponden a esos dos mil beneficiarios, lo que indica que esas solicitudes no están resueltas, que hay más de dos mil personas que tienen su tramitación a medio y están esperando respuesta”.

Las personas que acuden a los Servicios Sociales municipales y autonómicos esperando respuestas no las obtienen; en algunos casos ponen reclamaciones y nadie contesta. Por lo que la Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común es obviada continuamente por la Administración regional.

Asimismo, Lola Hernández denunció que los Servicios Sociales municipales están colapsados, “sin el refuerzo necesario para atender la demanda, y en la gestión de la Dependencia de la Consejería nos encontramos con la dispersión por servicios diferentes y opacidad en la gestión”.

Falta de organización

Para la parlamentaria socialista el consejero Bascuñana no se quiere dar cuenta de que la falta de organización y de buena gestión, la falta de transparencia y de atención al ciudadano del sistema de la Dependencia en la Región de Murcia afecta directamente a los ciudadanos y ciudadanas a quienes deja sin poder ejercer sus derechos.

Por ello animó a todas las personas que están esperando respuesta a sus solicitudes tanto sobre valoración como a las que están esperando las prestaciones que el sistema de la Dependencia ofrece, que hagan reclamaciones por escrito, que denuncien las situaciones que están viviendo con la Administración, que exijan el cumplimiento de la Ley y que se dirijan para cualquier consulta a los grupos municipales socialistas que les ayudarán a realizar las gestiones necesarias para hacer las reclamaciones.

"Los ciudadanos tienen derecho a la atención por parte de la Administración pública como la Administración pública tiene la obligación de atender y contestar a la ciudadanía en cumplimiento de las normas”, concluyó.