Región

IU propone una renta básica de 500 euros para familias sin ingresos

Esta ayuda sería complementaria a otras dedicadas a la protección social

Supondría un gasto de 12 millones de euros mensuales asumidos por el Gobierno central

El coordinador regional de IU, José Antonio Pujante, propuso hoy la creación de una renta básica dotada de 500 euros para las más de 24.000 familias murcianas cuyos miembros no perciben ningún ingreso, lo que supondría un gasto anual de 144 millones de euros.

En rueda de prensa, Pujante explicó que esta ayuda sería complementaria a la renta de Inserción de la Comunidad Autónoma, provista de hasta 350 euros, así como a otras aportaciones económicas destinadas a garantizar la protección social de las personas con menos recursos.

"Esta propuesta conlleva un gasto de 12 millones de euros mensuales, mientras la bajada del uno por ciento del tramo autonómico del Impuesto Sobre la Renta (IRPF) supondrá al final de la legislatura una renuncia de 24 millones en ingresos para la Región", añadió.

Asimismo, el dirigente de la federación de izquierdas criticó el Fondo Estatal de Inversión Local porque, en su opinión, incluye "carencias y serias limitaciones", entre las que destacó la apuesta por el empleo temporal "exclusivamente orientado a obras de carácter menor y sin estabilidad en el trabajo".

Denunció la actitud del vicepresidente económico del Gobierno central, Pedro Solbes, de quien resaltó su "fracaso" ante la actual crisis, al tiempo que apostó por la reorientación de la economía hacia una política fiscal progresiva y con mayor intervención del Ejecutivo.

En este sentido, abogó por la creación de una banca pública o la nacionalización de parte de la banca privada, así como por el control de la orientación inversora y los beneficios adquiridos por Cajamurcia por parte del Gobierno autonómico.

En referencia a la situación del ex alcalde de Totana y diputado regional Juan Morales, Pujante sostuvo que si bien la Asamblea regional paralizará su salario, este organismo puede modificar su reglamento con el fin de que miembros de la Cámara imputados por delitos de corrupción no dispongan de las prerrogativas que les concede ese documento.

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