La Comunidad Autónoma lleva 14 meses esperando la propuesta que el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, se comprometió a elaborar en relación al Plan Plurianual de Inversiones que el Gobierno regional exige como condición para asumir las transferencias de Justicia, según indicó hoy la consejera de Presidencia y Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno regional, María Pedro Reverte.

En la última reunión mantenida en Madrid con el ministro, el 6 de noviembre de 2007, “éste se comprometió a analizar la situación de la Región y enviarnos una propuesta de Plan, que a día de hoy aún no nos ha llegado”.

“Nos sorprende el poco interés que Fernández Bermejo se toma por los problemas de esta Región, que, además, es a la que representa en el Congreso, en su condición de diputado nacional del Partido Socialista. Vino a por los votos y ahora viene a por las fotos, pero no trae nada en la cartera para los murcianos”, aseguró Reverte.

El Plan de Inversiones, escollo de la negociación

La portavoz del Ejecutivo regional afirmó que el Gobierno de Murcia “no va a asumir las trasferencias a cualquier precio” y aseveró que “el escollo de la negociación está en el Plan, pues no se pueden aceptar las trasferencias de Justicia si no hay un plan complementario de inversiones en infraestructuras”.

Reverte explicó que “cerrar el coste efectivo de las transferencias es relativamente sencillo, pues se trata de cuantificar, con los presupuestos reales en la mano, el coste por capítulos de la Administración de Justicia en la Región de Murcia, pero es nuestra obligación exigir al Ministerio el esfuerzo necesario para situarnos en la media nacional en cuanto a infraestructuras y recursos”.

“El Plan Plurianual de Inversiones complementario a las trasferencias de Justicia debe asegurar para la Región de Murcia más órganos judiciales, un proceso de modernización con garantías, y la subsanación del déficit de infraestructuras, según el planteamiento formulado por el Gobierno regional al Ministerio en repetidas ocasiones”, explicó la consejera.

La propuesta que el ministro se comprometió a elaborar hace más de un año fue reclamada por el Gobierno regional en sendas cartas remitidas al Ministerio en febrero y en abril de 2008.

“Todos los implicados en la materia, desde la Asamblea Regional, hasta los trabajadores de Justicia, jueces, fiscales, abogados y procuradores, coinciden en la demanda compartida de que es vital un esfuerzo adicional para la Justicia en la Región, y cada minuto que pasa la situación se agrava”, concluyó Reverte.