Murcia, 13 ene (EFE).- Las acusaciones y la defensa en la causa contra Fernando Ferrín Calamita han recurrido la sentencia que el pasado 23 de diciembre condenó a este magistrado a la pena de dos años, tres meses y un día de inhabilitación por el retraso en la adopción de una menor solicitada por la compañera de su madre biológica.
El fiscal pidió en el juicio una condena de nueve meses de multa y 18 años de inhabilitación al considerar que el magistrado cometió un delito de prevaricación, tesis que no ha prosperado ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ).
Por su parte, la acusación particular, en el escrito presentado ante la Sala y en el que anuncia el recurso de casación que formulará ante el Tribunal Supremo, entiende que la sentencia del TSJ incurre "en un error en la apreciación de la prueba, además de infringir preceptos penales".
Para el letrado de la solicitante de la adopción, José Luis Mazón, los hechos cometidos por Ferrín Calamita "constituyen un concurso de los delitos de retardo malicioso y prevaricación continuada".
Por su parte el letrado defensor, Javier Pérez-Roldán, considera que la sentencia ha incurrido en "infracción de ley y quebrantamiento de forma" y reiterará ante el Supremo su solicitud de absolución.
Pérez-Roldán dijo hoy, tras anunciar la presentación del recurso de casación, que "se ha vulnerado la presunción de inocencia y se ha realizado una selección interesada de la prueba".
Para el abogado de Ferrín Calamita, el tribunal debió admitir su solicitud de que declararan como testigos el anterior abogado, Córdoba Roda, el procurador Antonio Rentero y el fiscal del Juzgado del que es titular Ferrín, Fernando Florit.
Igualmente, entiende que se ha incurrido en una nulidad de actuaciones, "porque el presidente del Tribunal Superior de Justicia debió abstenerse de conocer del asunto desde el primer momento, y no a raíz de nuestra queja al Consejo General del Poder Judicial, ya que estaba contaminado por el expediente disciplinario que había abierto al juez".
En su sentencia, el Tribunal Superior de Justicia señaló que el magistrado "actuó por una auténtica compulsión homófoba", pero que "no existió en su mente un plan preconcebido para privar de la patria potestad a la madre o para conseguir que la adopción no se produjese".
Según la Sala, lo que intentó Ferrín Calamita fue "retrasar al máximo la resolución del asunto o aburrir y cansar a la actora para que abandonase el propósito de la adopción".
El magistrado, que se encuentra suspendido de empleo y sueldo por el Consejo General del Poder Judicial desde hace más de un año, ha pedido a este órgano de gobierno de los jueces que le permita poder realizar otras actividades retribuidas para contribuir al sostenimiento de su familia.
Una plataforma constituida al conocerse la sentencia para ayudar a Ferrín Calamita a pagar la indemnización de 6.000 euros fijados en la misma y las costas anunció hoy que lleva recaudados más de 14.000 euros. EFE