La diputada socialista Teresa Rosique reprochó al Gobierno regional que “la mitad del Presupuesto de inversiones en Carreteras para 2009 se lo llevan cuatro empresas y sólo una es de la Región”. Rosique denunció que el Ejecutivo de Valcárcel no “está cumpliendo su compromiso con los empresarios de la Región en la contratación de obra pública”.

Recordó que el Plan de Dinamización lleva implícito el compromiso de fraccionar las grandes actuaciones en obra pública. “Con esta medida se pretende que las empresas de la Región puedan acceder a la concesión de dichas obras, pero el Gobierno regional la incumple”.

Abundó en que ese objetivo no se cumple en las Cuentas regionales para 2009, porque “el 50 por ciento del Presupuesto de inversiones en Carreteras para 2009, es decir, 93 millones de euros, se lo llevan dos UTES formadas por cuatro empresas de las que sólo una es de la Comunidad”.

Por otro lado, la diputada añadió que el consejero de Obras Públicas dijo públicamente el pasado mes de junio, que el 98 por ciento de las contrataciones de obra pública habían sido adjudicadas a empresas de la Región. “Los datos demuestran que esto no ha sido así. De esos 93 millones de euros de inversiones para el próximo ejercicio, 70 corresponden a la autovía Santomera-San Javier adjudicada a dos empresas que no son de la Región y 23 millones a la autovía Totana-Mazarrón cuya adjudicación se hizo a otras dos empresas de las que sólo una es de aquí”.

Según Rosique, esta situación está provocando un gran descontento en la patronal murciana. “Y más en estos momentos que las empresas necesitan la inversión pública como alternativa a los efectos negativos que la crisis está produciendo en la Región de Murcia en mayor medida que en otras comunidades”.

La parlamentaria socialista apostilló que el argumento que desde la Consejería se ha dado en muchas ocasiones, justificando la situación actual y la adjudicación de obras públicas a empresas que no son de la Región, porque tienen que cumplir las leyes de contratación y, por lo tanto, adjudicar en base a un costo menor de la obra, se contradice con los hechos ya que una cosa es el precio de adjudicación y otra lo que al final se paga por la obra.

Como ejemplo puso las obras de la autovía Alhama-Campo de Cartagena, que fueron adjudicadas en 95,6 millones de euros y al final, con las modificaciones sufridas y sin abrir un nuevo concurso, han terminado costando alrededor 118 millones de euros, a pesar de que esas modificaciones han contado con los informes negativos de la Intervención General de la Comunidad Autónoma y del Consejo Jurídico.