La Comunidad Autónoma regulará los laboratorios que realicen controles analíticos tanto en el ámbito de la salud pública como en el agroalimentario, establecerá su ordenación y fijará las condiciones técnicas y administrativas para la autorización general de funcionamiento, según el decreto aprobado hoy por el Ejecutivo.

Los laboratorios de salud pública, públicos o privados, realizan análisis con interés sanitario de productos alimenticios, bebidas, aguas de consumo y de baño, así como otros tipos de muestras, incluidas las ambientales, con incidencia en la salud pública. Los laboratorios agroalimentarios, por su parte, realizan análisis y controles de los medios de producción agraria y de los productos agroalimentarios utilizados tanto en la alimentación humana como en la animal.

La norma establece que los laboratorios podrán realizar análisis con validez oficial, solicitados por particulares con fines privados y los referidos a muestras o ensayos derivados del programa de autocontrol de empresas.

Además, los laboratorios deberán contar obligatoriamente con la autorización administrativa de funcionamiento antes de iniciar su actividad. El texto contempla asimismo el reconocimiento de la acreditación, que es la declaración formal por un organismo evaluador competente de la aptitud de un laboratorio para realizar determinados ensayos.

Como novedad se crea el Registro regional público de estos centros analíticos -adscrito a la Dirección General de Salud Pública-, que servirá de instrumento de información tanto para las administraciones públicas como para los ciudadanos en general, y que facilitará el conocimiento de los recursos analíticos que existen en la Comunidad Autónoma.