Madrid, 28 oct (EFE).- El Tribunal de Cuentas ha recomendado armonizar las normativas electorales autonómicas para alcanzar una mayor eficacia en el control de los ingresos y gastos electorales, establecer un adecuado régimen sancionador y regular la actividad de los gastos por envíos electorales.
Así lo ha puesto de relieve el presidente de este organismo, Manuel Núñez, durante la presentación de los Informes de Fiscalización de la Contabilidad de las últimas elecciones a las Asambleas Legislativas de Aragón, Cantabria, Extremadura, La Rioja y Murcia en la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas en el Senado.
Entre las conclusiones más importantes destaca que todas las formaciones políticas obligadas a presentar la contabilidad electoral cumplieron.
El gasto declarado por todas ellas asciende a 6,1 millones de euros, de los que 2,6 correspondieron a Aragón, 0,6 a Cantabria, 1,1 a Extremadura, 0,5 a La Rioja, y 1,3 a Murcia.
Como resultado de las comprobaciones realizadas, el gasto ordinario y el gasto por envíos de propaganda declarado justificado por el Tribunal asciende a 4,8 y 1,3 millones de euros, respectivamente.
Al estudiar las subvenciones a percibir, el informe señala que Izquierda Unida-Socialistas Independientes de Extremadura deberán devolver el adelanto percibido al no haber obtenido representación.
Respecto a las aportaciones de personas físicas o jurídicas para la financiación de campañas electorales, únicamente tres: Partido Aragonés, Chunta Aragonesista y el Partido Regionalista de Cantabria así lo declararon, por un importe total de 7.558 euros, sin que se hayan detectado irregularidades.
Tras la presentación del informe, el diputado popular Ramón Aguirre ha destacado del mismo que "todas las formaciones políticas que están obligadas a rendir documentación electoral lo han hecho en tiempo y forma".
Desde el PSOE, el senador Juan Luis Gordo ha comentado que no toda la documentación recogida por los órganos fiscalizadores es representativa, y ha señalado que es una "ardua tarea" identificar todos los ingresos que proceden de las campañas electorales.
Ha añadido que sólo se efectúa un control formal del gasto declarado y no de otros como los de publicidad.
Gordo ha apostado por un nuevo marco de regulación sobre gastos e ingresos de las campañas electorales que permitan "identificar, verificar y comprobar todos los acontecimientos", y se ha referido al papel que pueden jugar las juntas electorales provinciales, que son "las únicas que pueden monopolizar esa información". EFE