Región

El PSOE reclama a la Administración Pública regional más control a las consejerías en los contratos de asistencias técnicas

La diputada Begoña García Retegui denuncia que se estarían vulnerando derechos al cubrir “a dedo” puestos de trabajo que deberían ocupar funcionarios o personal interino

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Begoña García Retegui, reclamó hoy a la consejera de Presidencia y Administración Pública, Mª Pedro Reverte, "un mayor control en los contratos de asistencia técnica que se están realizando en diversas consejerías del Gobierno regional para personas afines al PP, y que no han concurrido a ningún proceso de oposiciones".

“El imperio de la Ley debe volver a la Administración regional”, declaró García Retegui, “porque mientras nos hablan de control del gasto, de reducir cargos y personal eventual, aumentan sin control los contratos en fraude de ley a personas afines al PP a través de la fórmula de los contrato menor de asistencia técnica que escapa al control previo”.

A su juicio, “son unos empleados que no sabemos exactamente cuánto cobran, aunque sí que más que los funcionarios, sin horarios y que prestan servicios que la Ley impide, como la atención al público, o con acceso a información confidencial de los ciudadanos”.

La diputada socialista asegura que "son más de 200 las contrataciones de este tipo, muchas de ellas en la Consejería de Obras Públicas, y en algunos casos, como en el departamento de Calidad Ambiental, suponen más de tres cuartas partes de la plantilla". "También casi todo el personal que atiende las peticiones para la Renta Básica de Emancipación".

Fraude de ley

"Se trata de secretarias, abogados y economistas, entre otros puestos, que podrían ser cubiertos por funcionarios o personal interino que haya concurrido a alguno de los procesos de Oferta de Empleo Público y ha pagado tasas por ello".

García Retegui insistió en que "se están vulnerando derechos al acceder a información privilegiada, por parte de ese personal, sin control suficiente". En este sentido, puso como ejemplo el caso de abogados "que por la mañana trabajan para la Administración regional en temas de desahucios y por la tarde realizan su actividad privada en esos mismos asuntos".

“Toda esta situación se evitaría si estos contratos pasaran controles de la Dirección General de Empleo Público; además estamos seguros que ni la propia consejera sabe cuántas contrataciones a dedo se han realizado de esta forma en las consejerías de la Administración regional”, concluyó la parlamentaria socialista.

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