El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional quiere conocer cuándo se va a hacer efectivo el pago del Acuerdo de Homologación pactado por el Gobierno regional con los sindicatos de los empleados públicos de la Comunidad, tan sólo unos días antes de las elecciones generales del mes de marzo pasado.
La portavoz de Economía, Begoña García Retegui, ha denunciado que 7 meses después de la firma del Acuerdo con UGT, CCOO y CSIF “sigue sin aprobarse por el Consejo de Gobierno, paso previo e imprescindible para su abono de un 40 por ciento este año, y el 60 restante el año que viene”.
Además de este asunto, el Grupo Socialista ha presentado en la Asamblea Regional diversas iniciativas sobre asuntos que afectan a los empleados públicos de la Administración regional, entre ellas otra que tiene que ver con la reciente remodelación del Gobierno, “que ha producido malestar y caos en algunos departamentos, ya que después de dos semanas, todavía hay funcionarios que continúan sin saber a dónde van a ir destinados”.
García Retegui responsabiliza en este caso, directamente, al presidente Valcárcel, “por el derroche de recursos y la parálisis en los servicios públicos que esto supone” y reafirma que la remodelación se hizo en clave interna del PP y que Valcárcel olvidó que las decisiones políticas deben llevar acompañadas las medidas de reorganización del personal funcionario al que afectan, “para así evitar incertidumbre y asegurar la atención a los asuntos de la ciudadanía”.
Por otra parte, el PSRM-PSOE se ha interesado también por la situación producida tras el dictamen del Consejo Jurídico de la Región relativo a las Oposiciones de Auxiliar Administrativo de la Oferta de Empleo Público de 2004. La viceportavoz socialista recuerda que el tercer ejercicio de aquella oposición fue anulado por la Consejería de Administración Pública tras las denuncias de opositores por filtraciones del examen, la apertura de investigaciones y la sentencia en primera instancia, que reconoce la existencia de delito pero sin poder concluir quién era el responsable o responsables de la filtración.
Dicha sentencia fue recurrida por opositores perjudicados y ahora el Consejo Jurídico ha dictaminado que la Consejería no puede ordenar repetir el ejercicio mientras no exista sentencia firme y reprocha la actuación del Gobierno regional, más interesado en “echar tierra al asunto” que en llegar a conocer la verdad.
Listas paralizadas
En último lugar, otro de los asuntos se refiere a la nueva Ley de la Función Pública regional. “Queremos saber por qué se contrata personal externo para desarrollar esta ley existiendo en la Administración regional personal funcionario especialmente cualificado”. El Gobierno regional tiene paralizada la lista de espera de opositores para contrataciones en la Administración regional, “mientras contrata personal externo, sin transparencia, a dedo, a personas afines al PP, lo que es una muestra del derroche y de su doble discurso, y aún no sabemos si va a haber Oferta de Empleo Público para 2009”, indicó García Retegui.