El coordinador regional de IU y Portavoz parlamentario de esta formación política, José Antonio Pujante, ha reprochado al gobierno de Valcárcel que no haya intentado consensuar una voz única de la región ante el cercano horizonte de reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas. "Esa reforma es imprescindible, dado que los deficientes y poco meditados acuerdos a los que llegó en su día Valcárcel con el presidente Aznar, han contribuido a empobrecer la región de Murcia y a elevar una deuda histórica del Estado con la región, que difícilmente podremos recuperar algún día".
Según Pujante "es poco efectivo que Valcárcel mande a su Consejera del ramo a reunirse con el Ministro Solbes para decirle que Murcia quiere más dinero, y que además el Estado debe seguir bajándole los impuestos a los de siempre, y debe mantener la eliminación de impuestos que, como el del patrimonio, afecta a las personas más ricas de España. Eso, además de poco serio, es imposible".
Para IU, la población debe convertirse en el criterio fundamental para el reparto, pero no es el único que debería tenerse en cuenta. También hay que ahondar en el análisis de las características de esa población, de las necesidades específicas que puede tener la misma en orden a una correcta prestación de servicios y necesidades públicas, a las deficiencias en materia de infraestructuras para el desarrollo de las regiones, y a la necesidad de perfilar un sistema que corrija las preocupantes desigualdades territoriales de España.
Otra idea lanzada por el coordinador de IU tiene que ver con el órgano encargado de velar por la justicia en el reparto, para Pujante, el Senado de España es la institución que tendría que estar funcionando en este asunto. Así que, "o se modifica esta cámara alta, y quienes en ella se sientan empiezan a trabajar por los territorios que los eligieron en su día, o lo mejor sería prescindir de una cámara que apenas sirve para nada".
En otro orden de cosas, para Pujante es imprescindible que en este debate también se aborden las carencias del sistema de financiación de las corporaciones locales que, como institución más próxima al ciudadano, presta servicios esenciales para los que apenas cuenta con los recursos necesarios.