El Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención de 70.000 euros a la Federación Murciana de Cofradías de Pescadores para la retirada de residuos sólidos del mar y el suministro de información de extracciones pesqueras, mediante la suscripción de un convenio de colaboración con la Consejería de Agricultura y Agua.

En 1996 se firmó un convenio de colaboración entre la citada Consejería, los ayuntamientos costeros (Águilas, Mazarrón, Cartagena y San Pedro del Pinatar) y la Federación de Pescadores de la Región de Murcia, cuyo principal objetivo consistía en la retirada del mar de los residuos sólidos aparecidos en las redes de pesca de la flota de arrastre en el ejercicio diario de su actividad, su traslado a puerto y su depósito en contenedores habilitados para tal fin. Dicha colaboración se ha mantenido hasta diciembre de 2007, fecha en la que finalizó la vigencia del último convenio de colaboración suscrito.

La colaboración que se viene manteniendo aporta grandes beneficios para los recursos pesqueros, a través de un mayor y mejor control de las capturas en los lugares de primera venta, y a través del fomento de la sensibilización medioambiental del sector pesquero, por lo cual resulta de interés continuar con las actuaciones emprendidas hace ya más de una década.

En virtud del nuevo convenio, la Consejería, a través de la Dirección General de Ganadería y Pesca, facilitará en número suficiente los envases más idóneos a las embarcaciones de arrastre para el depósito de residuos. Los ayuntamientos costeros dispondrán en sus puertos pesqueros de los elementos necesarios para la recogida y retirada de los residuos desembarcados por la flota de arrastre.

La Federación Murciana de Cofradías de Pescadores coordinará las tareas de recogida de residuos del mar y su depósito en puerto. Asimismo remitirá al Servicio de Pesca y Acuicultura información sobre el desarrollo de esta actuación. También remitirá los datos referentes a las capturas realizadas por cada barco, lo que permitirá a la Administración regional cumplir con las obligaciones comunitarias en este sentido, al disponer de una información indispensable a la hora de valorar la situación del sector pesquero y adoptar las medidas de gestión oportunas.