El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, José Ballesta, clausuró ayer en Lorca las ‘I Jornadas de Urbanismo’, donde destacó que la Región de Murcia es la primera comunidad autónoma que está elaborando un Decreto de aplicación de la Ley del Suelo y su armonización con la legislación estatal, lo que “generará la seguridad jurídica que los sectores relacionados con el urbanismo necesitan para su desarrollo”.
La nueva normativa introduce, entre otros aspectos, una mayor justificación de las necesidades de suelo urbanizable para su clasificación y señala, conforme a la ley estatal, los deberes de los promotores de suelo en las actuaciones de transformación urbanística. Además, establece la obligación de información pública durante un mes antes de la aprobación de convenios urbanísticos.
También recoge la prohibición de recibir cobros anticipados a cuenta por convenios urbanísticos, lo que se evita limitar las competencias de las Administraciones públicas, al no condicionar los criterios de planeamiento urbanístico, mejorando así la gestión de los ayuntamientos en esta materia. En este sentido, y de cara a la mayor información de los ciudadanos a este respecto, intensifica la publicidad de los planes urbanísticos a través de medios digitales.
Asimismo, el texto de la norma plantea la identificación de los propietarios, de forma que cuando a través de una modificación de planeamiento urbanístico se incremente la edificabilidad o la densidad o se modifiquen los usos del suelo, deberá constar en su expediente la identidad de todos los propietarios del mismo en los últimos cinco años anteriores a su iniciación, según conste en el Catastro, de forma que se puedan detectar plusvalías en el cambio de manos de los terrenos y las operaciones irregulares que pudieran darse.
Por último, se prevé una reserva del suelo en un 30 por ciento de edificabilidad residencial para vivienda protegida y exige que los planes generales municipales, así como los parciales, los especiales y toda modificación de planeamiento general estén sujetos a una evaluación ambiental.