Todos los días se trabaja desde colectivos y asociaciones para acabar con los delitos de odio y sumar en la lucha del colectivo LGTBI+, pero los días señalados son un gran escaparate para indicar qué falta por conseguir y qué necesidades tiene la comunidad. El 17 de mayo es el día internacional contra la LGTBIfobia, y por ello muchos ayuntamientos, formaciones políticas, asociaciones y entidades salen a la calle para reivindicar y dar voz a las personas que siguen sufriendo discriminación.
En nuestro país, la protección legislativa de las personas que sufren delitos de odio por su condición de género y sexual corre a cargo del ministerio de Igualdad, más concretamente de la delegación por la diversidad sexual y derechos LGTBI+. Además, hay que recordar que las autoridades competentes están obligadas a atender a las víctimas de este tipo de delitos inmediatamente después de ser informadas.
En la Región de Murcia hay varias formaciones de voluntarios que protestan y contribuyen a la visibilidad LGTBI+, una de ellas es el colectivo ‘No te prives’ presidido por Jesús Costa. Hemos hablado con él para saber qué necesidades piden que se cubran.
Periodista. En la comunidad autónoma de la Región de Murcia, ¿qué necesidades del colectivo hace falta cubrir?
Jesús Costa. Existe una guía sobre cómo hacer frente a los delitos de odio, pero no se están poniendo medios para poder llevar a cabo esa guía. Además, existe un observatorio que se puso en marcha en el 2021 y, de momento, no se ha hecho nada con él.
P. ¿No existen actuaciones concretas?
J. C. No. No hay medidas concretas, no existen. Cuando llamamos a la consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI+, Familias y Política Social, se nos dice que hagamos un informe y convoquemos el observatorio; que nos remitan a eso conlleva unos trámites burocráticos que no son compatibles con una situación de urgencia.
P. ¿Hay intención por vuestra parte de convocar una asamblea en el observatorio para debatir temas que os preocupan?
J. C. Intentaré que se lleve a cabo para tratar el tema que se está viviendo en las aulas. Hay menores que están adquiriendo discursos de odio y los llevan a las aulas. Cuando se imparten charlas sobre diversidad, nos encontramos con discursos discriminatorios. Lo comunicamos a la consejería y nos remiten al observatorio para que se debata ahí; el observatorio no ha tenido actividad todavía. No hay disposición por parte de la consejería.
P. ¿Os dan alguna explicación?
J. C. Con la excusa del veto parental, se nos comunica que es algo que le compete a la consejería de Educación y que la consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social no se puede posicionar. El pin parental no es legal, ni está autorizado ni se está llevando a cabo, pero sí que se está aplicando una censura en los centros educativos.
P. ¿Qué tipo de censura?
J. C. Para no tener problemas con las familias de los alumnos, desde algunos centros de la comunidad autónoma se informa solamente de las charlas sobre diversidad, de las demás no. Todas las charlas que se imparten por personal no docente se ponen en el currículo educativo anual de cada centro educativo. La ley dice que hay que informar a principio de curso a los padres o tutores legales de todas las charlas. El problema llega cuando algunos centros informan solamente de cuándo van a ser las referentes al colectivo LGTBI+, entonces se admite que los padres o tutores legales que no estén conformes con esto no lleven a los hijos a clase ese día. Lo del currículo anual es solamente algo informativo, no se trata de una autorización.
P. ¿Cuál es la realidad de las aulas de la comunidad autónoma?
J. C. En algunas hay menores que llegan con discursos de odio aprendidos fuera del centro educativo, es difícil alcanzar los objetivos establecidos cuando nos encontramos con este escenario. Cómo va a salir un adolescente del armario si hay compañeros que sin miedo están diciendo que esto es un chiringuito. Estos alumnos sabotean las charlas y es complicado poder desarrollar el propósito.
P. ¿Qué más pedís socialmente e institucionalmente?
J. C. Existe un protocolo sanitario para atender a las personas trans que nos costó a los colectivos de la región 5 años poder sacarlo adelante, queremos que se aplique. Reivindicamos que a las personas trans, especialmente a las menores, se les tengan más en cuenta sus necesidades y que se hagan más campañas de sensibilización con su realidad. Hay que apoyar a las familias que tienen menores trans. Existen dificultades con los temas legales. También hay problemas en los centros educativos y en la sanidad con los nombres; existen médicos que insisten en llamar a esta gente por el nombre que figura en los documentos en vez de por el nombre sentido por la persona trans. Pedimos que esto se corrija y que a una persona trans se le trate con la dignidad que merece. De lo contrario, estaríamos hablando de maltrato.